El acceso al poder, inferido como la ocupación de un cargo que confiere autoridad y responsabilidad, es una de las cuestiones clave en la desigualdad de género. La discriminación femenina de carácter temporal propiciada por la Ley Electoral de Castilla-La Mancha 11/2002, que promovió la paridad en las personas integrantes de las Cortes de la Región, propició la entrada de las mujeres castellanomanchegas en la política tras las elecciones del año 2003, aunque sin alcanzar la igualdad real y efectiva entre personas de ambos sexos. La adopción de este tipo de medidas de discriminación positiva o reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes, aunque necesaria, plantea dos cuestiones: si la presencia de las mujeres en las instituciones decaerá cuando se derogue la ley y si no constituye un nuevo techo de cristal que imposibilita una amplia mayoría femenina. Por lo tanto, esta dimensión se hace imprescindible para determinar la evolución de la situación de las mujeres castellanomanchegas en el poder político -ejecutivo y legislativo- cuya temporalidad coincidirá con la periodicidad de las convocatorias electorales.Asimismo, la presencia de mujeres castellanomanchegas en partidos políticos y sindicatos será el indicador que ponga de manifiesto las desigualdades previas al ejercicio institucional y las diferencias entre cargos electos y candidatas electorales, ya que, a pesar de la exigencia de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha 11/2002, las modificaciones posteriores a los resultados de las urnas de las listas electorales realizadas por algunos partidos, impiden a las candidatas que les correspondería ocupar sus escaños. En este último sentido, la temporalidad de este indicador coincidiría con los periodos electorales, mientras que la presencia de mujeres en los órganos ejecutivos de los principales partidos políticos castellanomanchegos y en la directiva de los sindicatos más representativos de la comunidad podría expresarse en espacios de tiempo continuos. Por último, se analizará la existencia de desigualdades en otro orden de poder, el judicial, señalando la relación entre el número de mujeres y hombres fiscales, juezas y jueces y magistradas y magistrados dentro de la región de Castilla-La Mancha.Los indicadores específicos propuestos tienen como objetivo poner de manifiesto las principales brechas entre mujeres y hombres en el poder político y judicial. Concretamente, los indicadores que se proponen en esta dimensión hacen referencia a: las tasas de representación de las mujeres en el poder ejecutivo (presidencia del gobierno, vicepresidencias, ministerios, secretarías de estado, subsecretarías, secretarías generales, presidencia autonómica, vicepresidencias, consejerías, diputaciones, alcaldías y concejalías); en el legislativo (congreso, senado y cortes castellanomanchegas); en los partidos políticos y sindicatos; y en el poder judicial (juezas, magistradas y fiscales).Las fuentes principales de obtención de datos son el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, Mujeres en Cifras del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, Portal de transparencia de Castilla-La Mancha, Organigramas corporativos de las diputaciones provinciales, de las Cortes castellanomanchegas, y del congreso y del senado de la nación, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las publicaciones sobre los componentes de los principales partidos y sindicatos a nivel regional.
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