En la actualidad tienen gran trascendencia los problemas relacionados con el correcto funcionamiento de la Administración Pública, debido al creciente intervencionismo del Estado del bienestar. Cada vez más las Administraciones Públicas necesitan asignar dinero y títulos, bienes muebles e inmuebles para financiarse y posibilitar la consecución de sus fines, casi siempre a través de sus agentes, lo que conlleva un riesgo muy grande de ataques a su patrimonio e intereses.
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