La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en la jurisprudencia y legislación española (del siglo XIX a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)

• Autores: Juan Carlos Fernández Aguirre
• Directores de la Tesis: Alfredo Gallego Anabitarte (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2003
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Luis Villar Palasí (presid.), José Manuel Díaz Lema (secret.), Alejandro Nieto García (voc.), José Manuel Sala Arquer (voc.), Pedro Cruz Villalón (voc.)
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• Resumen

  • La línea argumental de la Tesis tiene por objeto exponer y explicar el desarrollo legislativo y jurisprudencial de la denominada responsabilidad del Estado en su vertiente de legislador, ante el problema, hoy día en plena vigencia, de que el legislador, al igual que el juez y la Administración, puede responder por los daños causados en aplicación de las leyes que aprueba.

    Tras un capítulo preliminar destinado a exponer un esquema de las diferentes posturas doctrinales sobre la diferencia entre expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial, así como los medios de garantía de que disponen los particulares frente a la actividad de la Administración, el planteamiento de la Tesis cursa por tres estadios bien diferenciados:

    A,- El desarrollo histórico de la responsabilidad del Estado a la luz de la legislación y jurisprudencia -siglos XIX y XX-, con examen detenido de la Ley de la Administración de Hacienda Pública de 1.850, legislación sectorial -Aguas, Ferrocarriles y Obras Públicas y daños de guerra-, Código Civil Constitución de 1.931, legislación sobre Régimen Local y LEF.

    B,- La estructura y teoría de la responsabilidad patrimonial y el fundamento de la misma, aplicable, según la Tesis, a la responsabilidad por hecho de las leyes.

    C,- El tratamiento actual de la cuestión en la ley y la jurisprudencia, y en particular, la problemática existente tras la vigencia de la Ley 30/92, de 26 de noviembre -art. 139.3-, así como el análisis de la orientación mantenida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del legislador.