Resumen de Avances en la ejecución de sentencias contra la administración
La aprobación de una nueva Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en la que se instaura un nuevo sistema de ejecución de sentencias, nos obliga a realizar un análisis de los mecanismos ejecutivos previstos en el mencionado texto legal para descubrir si el nuevo sistema ha superado las deficiencias del sistema de ejecución regulado en su predecesora, la Ley de la jurisdicción de 1956.
Bajo estas premisas se analiza la incardinación de la ejecución de sentencias en el derecho a la tutela judicial efectiva, haciéndose imprescindible el estudio de los límites que el legislador ha establecido al ejercicio del mismo. Entre ellos la expropiación de derechos y la inembargabilidad de bienes públicos.
La regulación de la expropiación de derechos en la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea problemas que no han sido subsanados por la nueva regulación donde se sigue manteniendo un sistema expropiatorio impreciso, ineficaz, poco práctico y no ajustado a las necesidades de nuestro tiempo.
El estudio de la inembargabilidad de los bienes públicos se aborda sobre la clásica distintición de Derecho Administrativo consistente en diferenciar los bienes de dominio público, los bienes comunales y los patrimoniales.
Junto a estos supuestos se realiza una reflexión sobre la inembargabilidad de bienes que, a pesar de no encajar en la clasificación expuesta, tienen una gran trascendencia: los recursos financieros de la hacienda pública y las certificaciones de obras y los abonos a cuenta que se generan con ocasión de un contrato de obra.
En el tercer capítulo de este trabajo de investigación se aborda las especialidades de la ejecución de sentencias contra la Administración previstas en los artículos 103 a 112 de la ley de la Jurisdicción. Comenzando con el desarrollo de los distintos modos que la ley pone a disposición de la Administración para que pueda cumplir las sentencias de forma voluntaria. Paralelamente
