Resumen de El principio de oportunidad como herramienta de política criminal

Miguel Ángel Lamadrid Luengas

• La tesis realiza un estuido sobre el principio de oportunidad.

  El principio de oportunidad, a pesar de no ser una invención nueva en el derecho procesal penal, en la literatura en lengua española no ha tenido un desarrollo claro. En efecto al referirse al mismo siempre se mezclan indistintamente situaciones de terminación anormal y/o de discrecionalidad de los operadores judiciales, lo que ha dado lugar a multitud de equívocos. Casi todas estas explicaciones dan pie a que los críticos de la institución arremetan contra la misma al considerarla arbitraria, atentatoria de los derechos fundamentales y sin garantías. Para contraponerla, argumentan que la única opción para garantizar un procedimiento penal garantista es la aplicación de un principio de legalidad procesal estricto. Sin embargo esta argumentación parte de una premisa falsa. Y es que se argumente que el principio de oportunidad es una institución ajena a los procesos penales del sistema del civil law.

  Aleja las leyes de la realidad y evita que los usuarios se den cuenta de que no es posible seguir defendiendo una institución que no se puede soportar ni teórica ni prácticamente, básicamente porque su aplicación no es posible. Sin embargo no ha sido fácil entender ni qué es realmente el principio de oportunidad, ni por qué existe en nuestros sistemas procesales penales, ni mucho menos por qué debe ser aceptado. De ahí la necesidad de realizar el presente estudio.

  En consecuencia, la tesis pretende ser un aporte al debate jurídico sobre el principio de oportunidad. La perspectiva desde la cual se presenta esta contribución es positiva frente a este principio, en la medida en que se demuestra que su existencia se justifica por la necesidad de ajustes en los sistemas penales para una mayor eficacia y el requerimiento de una implementación adecuada de los postulados del derecho material. Desde esta perspectiva, se establece un diálogo entre el principio de oportunidad y el principio de legalidad que pretende mostrar su complementariedad antes que su disyuntiva, en la medida en que se desarrollan sus puntos de encuentro y sus vínculos. Así mismo, se postulan dos elementos fundamentales que conformarían el principio de oportunidad: la culpabilidad mínima y la falta de interés público. La idea es responder y entender el porqué de su existencia, tratar de explicar por qué es intrínseco a los sistemas procesales penales herederos de la familia del civil law. Una vez se tenga claro lo anterior, proponer cómo debe ser entendido y estructurado, para engranar así de forma adecuada la persecución penal.

  Para ello se desarrolló la presente investigación principalmente dentro del ámbito de la historia y el desarrollo legislativo de la República Federal de Alemania.

  Existen dos razones para optar por ese método. En primer lugar, la opción por el método histórico se acogió deliberadamente dado que las introducciones al sistema penal se deben entender como una mezcla no solo teórica sino soportada en acontecimientos dentro de la evolución de las sociedades.

  Ello se ve con claridad cuando se analizan ciertas instituciones centrados exclusivamente en los problemas actuales y se critican las mismas con esa única visión, sin tener en cuenta las particularidades y problemas con los que se contaba en el momento en que se creó. También es necesario, porque se tiene que entender con claridad y dentro del desarrollo del proceso penal moderno, el cual fue desarrollado en los territorios de la actual República Federal de Alemania. La razón e importancia de esta decisión radica en que este país ha venido liderando la evolución del proceso penal y de las necesidades de la investigación. Ello implicó la apuesta por el estudio concienzudo de las situaciones de otros países y la evaluación de los mismos, con el fin de engrandecer y nutrir a sus propias instituciones, lo que conlleva modificaciones profundas a las bases de la justicia penal en aras de una modernización y de dar respuesta a las situaciones que se han venido presentando.

  En concreto el entendimiento sobre la existencia de criterios de disposición de la acción penal en países del civil law de tendencia legalista ha sido abanderado por Alemania desde mediados del Siglo XIX, fruto del análisis crítico de sus instituciones, de la atención de los problemas en sus estructuras y de la búsqueda de soluciones satisfactorias más allá de sus fronteras. Como consecuencia de esas inquietudes fue que se introdujo, dentro de la discusión científica, el concepto del principio de oportunidad, como forma de superar las carencias de la defensa de un principio de legalidad procesal rígido. El principio de legalidad también fue producto de una situación histórica particular y cumplió su objetivo ampliamente, pero se convirtió en un obstáculo en materia procesal penal y por ende tuvo que ser superado. Esta situación se explica, igualmente, en el presente trabajo. En general, esta forma de actuar de Alemania ha sido modelo para los países occidentales. En España, por su parte, la situación se halla en una fase embrionaria en lo que al análisis crítico y superación de estructuras antiguas se refiere. El problema radica en que las estructuras se niegan a evolucionar. El modelo procesal penal está caduco, necesita reformas desde su propia estructura y es deber de los investigadores proveer de herramientas para generar propuestas de cambio. Este es el primer paso al que se suma un segundo paso compuesto por el momento político-histórico y la voluntad del legislador de avanzar en la modernización de las estructuras. Este segundo paso no es una tarea fácil. De hecho, esta investigación ha querido mostrar como en el país estudiado, Alemania, el primer paso se dio mucho tiempo, quizá demasiado, antes de que el segundo paso se diera.

  El análisis se estructura de la manera siguiente. El primer capítulo aborda la incorporación del principio en los sistemas legales de los países hispanoamericanos y en España, y muestra su funcionamiento en las diferentes legislaciones teniendo en cuenta la estructura que lo soporta y su regulación. El segundo capítulo se centra en el aspecto histórico de la institución, particularmente su génesis en Alemania, y se vincula con el surgimiento del ministerio público, así mismo, se realiza una presentación de la actualidad de la institución en el país germano. El tercer capítulo asume propiamente la disyuntiva entre el aumento de la criminalidad y la escasez de recursos del sistema judicial; el análisis presenta las soluciones extremas de la persecución de la totalidad de casos penales y la descriminalización, y explora las diferentes alternativas disponibles ante la congestión de la justicia, distinguiendo la etapa investigativa, donde se encontraría propiamente el principio de oportunidad, y la etapa de juicio. El cuarto capítulo consiste en el desarrollo conceptual en profundidad del principio de oportunidad, adecuado a las exigencias de un Estado social y democrático de derecho. El quinto capítulo, derivado del anterior, presenta de forma simultánea tanto la posición de algunos autores, según la cual, la función del principio de oportunidad sería la de hacer palpable la justicia material mediante la respuesta diferenciada, como el acoplamiento del principio de oportunidad al sistema penal. Por último, el capítulo sexto se concentra en la defensa del principio de oportunidad, para ello, expone las diversas críticas hechas al mecanismo desde distintos puntos de vista y las responde, al mismo tiempo, justifica la pertinencia de la institución desde el sistema penal y el análisis económico del derecho.

  La novedad del principio de oportunidad en contextos como el español reta las tradiciones jurídicas que postulan una irrestricta aplicación del principio de legalidad, por lo que es urgente un entendimiento juicioso de los fundamentos y mecanismos de funcionamiento del primero, de modo que resulte familiar para los distintos actores del proceso penal, y de esta manera, cumpla su objetivo de alcanzar una justicia ágil y eficaz. En el mismo sentido, se requiere una cabal comprensión de este recurso jurídico, en la vía de lograr la conciliación de las necesidades de justicia de la población, conseguir la prevención del delito y descongestionar el sistema teniendo en cuenta la limitación de recursos. A primera vista, estos objetivos parecen excluyentes, no obstante, este estudio demuestra las posibilidades concretas de acuerdo de estas diversas necesidades, sin sacrificar los fundamentos legales.

  Desde otro lugar, una potente justificación de la aplicación del principio de oportunidad es que permite la concentración de los esfuerzos del aparato judicial en la persecución de delitos graves y con alto impacto social, pues facilita resolver casos relacionados con delitos menores en las etapas iniciales del proceso penal, con lo cual se liberan recursos del sistema que pueden destinarse a investigar y juzgar los casos graves. Así, estudios como el que aquí se presenta contribuyen, dese el campo jurídico y mediante el conocimiento y la aplicación del principio de oportunidad, a la resolución de importantes problemas sociales.

  Al finalizar la tesis se pudo establecer principalmente que:

  1. La presente investigación ha mostrado la importancia del método histórico y el cuidado que es necesario para llegar a explicaciones teóricas en torno a las transformaciones en la justicia penal. La teoría no debe preceder, sino ser dependiente y presentarse dentro de un método de investigación que pueda ser defendido no señalando los puntos finales dispares, sino vertiendo luz en las razones de la continuidad y del cambio, siempre próximos a la transformación del sistema por sí mismo. Por ende es necesaria una revisión sistemática de los datos disponibles.

  También se ha podido comprobar que es necesario enfatizar en la importancia de una investigación de la práctica del derecho contextualizada con las políticas de cada Estado para evitar sacar conclusiones generalizadas, basadas en micro análisis de las variables de prácticas aisladas.

  Por último, se ha visto que considerar a los operadores judiciales –tribunales, ministerio público y policía- como herméticamente cerrados de la amplia sociedad y fuera de la historia y la política del Estado, ignora la relación entre la ley y la sociedad.

  2. De otro lado, la investigación ha mostrado como, a lo largo de la historia del procedimiento penal, siempre ha existido un temor por la falta de un control a la actividad del órgano encargado de la etapa de investigación. Lo anterior a pesar de que el ministerio público fue envestido, como guardián de las leyes, con el deber de actuar siempre obligado por la objetividad, investigando tanto las circunstancias que agravaran como aquellas que favorecieran la causa del investigado.

  Este temor persiste en la medida en que tanto la cantidad como calidad de la criminalidad han conducido a un desarrollo del procesamiento penal, que sobrepasa el trabajo del ministerio público en relación con su rendimiento respecto a su equipamiento técnico y personal en general. Por ello, una discrepancia entre las especificaciones normativas del derecho procesal penal resulta en el procedimiento de investigación y su actividad de investigación real, en lo que se refiere al papel de los fiscales.

  3. Sin embargo a pesar de dicho temor desde el inicio del proceso penal reformado surgió la imperiosa necesidad de dotar al ministerio público de herramientas para morigerar la estricta aplicación del procedimiento básicamente al entender que existen situaciones que aunque tengan las características de ser consideradas como delitos, no alcanzan el umbral suficiente para dejarlas dentro de la rígida persecución penal.

  En esas circunstancias surgió el principio de oportunidad en Alemania como una herramienta adecuada para ayudar en la labor del ministerio público a cumplir los presupuestos de moderación de relación y prohibición de exceso. Su denominación se debió a Glaser quien supo explicar el problema que se avizoraba en el proceso penal y dotarlo de un nombre.

  Sin embargo su introducción al procedimiento penal no ha sido nada pacifica ya que ha tenido que pasar por un entendimiento pragmático de la figura y ha tenido que superar su vinculación histórica a la introducción del ministerio público como figura clave del proceso, lo que generó reservas y limitaciones que aún se manifiestan en diversos ordenamientos occidentales.

  4. Junto a ello también se pudo ver que el principio de legalidad procesal como usualmente se le ha entendido de manera rigurosa no se justifica según las necesidades prácticas. Porque la justicia penal no puede soportar, en su aparato de persecución, un número de personas y recursos para perseguir cada conducta con características de ser delictiva, inclusive las más insignificantes, si quiere ser más o menos efectiva. Si el ministerio público siguiera cada delito, la situación conduciría a que colapsara y por ende dejara de dedicarse, por motivos de capacidad, a la criminalidad más grave. Con esa situación se retardarían aún más las investigaciones, lo que traería una amplia posibilidad para el autor culpable de permanecer sin sanción. Y eso tendría grandes efectos para la sociedad completa. Por la inseguridad que nacería, podría acontecer el concreto peligro de un aumento de la denominada autojusticia.

  Por ende se planteó en su momento la necesidad de marcar las prioridades mejor conscientemente y en vez de seguir únicamente grupos de delito específicos, para aliviar las oficinas de procesamiento penal, optar por conducir una no-persecución que complementara la situación. Ello parecía y aún parece más conveniente y necesario para la consecución de una justicia que funcione.

  El objetivo fue encontrar una solución que concediera por un lado una descarga mayor posible de las oficinas de procesamiento penal y que no se opusiera por otro lado a los principios constitucionales.

  En este punto se excluyen los modelos alternativos sectoriales, que sólo pretenden regular una subárea pequeña y delimitada de la delincuencia insignificante, pero que no pueden solucionar aquellos casos con similares características y por ende no pueden ser utilizados.

  De esta forma en los actuales momentos no hay casi ningún país occidental en el cual se siga el principio de legalidad sin ninguna excepción. En la mayoría se encuentran diversas soluciones a nivel policial y/o a nivel del ministerio público.

  Esta situación se presentan en los sistemas de justicia penal occidentales ya que finalmente son muy similares porque ellos hacen frente a problemas similares. Estos problemas incluyen recursos limitados, presiones de actores políticos, sentimientos de inseguridad de la ciudadanía, el conflicto entre la ley general y abstracta y casos específicos que requieren una respuesta diferenciada, el dominio de la policía sobre el proceso de investigación, la tendencia de los legisladores por reformas en partes del sistema que finalmente son canceladas o compensadas por reformas en otros ámbitos.

  5. En los actuales momentos no hay casi ningún país occidental en el cual no se establezca en sus legislaciones normas relativas al principio de oportunidad. Sin embargo los legisladores han utilizado el concepto para agrupar distintas posibilidades de terminación anormal de una investigación dentro del proceso penal.

  Esta agrupación ha sido sumamente problemática en la medida en que algunas de las terminaciones no son fácilmente justificables teóricamente dentro de un sistema penal garantista de un Estado Social y Democrático de derecho. De hecho algunas figuras simplemente no pueden justificarse dentro de un sistema penal garantista, pero existen como consecuencia de la proliferación de fenómenos criminales que simplemente han superado a las instituciones de administración de justicia y que ha supuesto la creación de mecanismos determinados por criterios eficientistas.

  Por ende, luego de un análisis ponderado se ha concluido cuál debe ser la forma adecuada de considerar al principio de oportunidad y hemos explicado cómo deben ser entendidas las otras manifestaciones de disposición que pueden darse en el proceso penal. Y se ha argumentado suficientemente que legalidad y oportunidad no son alternativas, sino dos principios que limitan o mejor icho se complementan mutuamente.

  Para ello hemos dotado a los conceptos indeterminados "culpabilidad mínima" e "interés público" de una serie de elementos escalonados con el fin de que de manera sistemática el ministerio público pueda llegar a determinar el concepto de culpabilidad mínima y falta de interés público en el caso materia de examen.

  Junto a ello hemos propuesto todo el procedimiento necesario para que el ministerio público logre determinar la existencia de un caso susceptible de aplicación del principio de oportunidad, junto con las posibilidades tanto para la víctima como para el procesado, lo cual ayuda en gran medida a todos los actores inmersos en el proceso determinado como guía y garantía del respeto de los principios constitucionales en los que se enmarca el proceso penal.

  6. Una aplicación adecuada de este principio por el ministerio público pasa por el hecho de una uniformidad en su aplicación que puede ser dada mediante las directrices internas y externas. La necesaria definición del procedimiento preciso para su aplicación no sólo simplifica en gran medida el trabajo del ministerio público, sino que al mismo tiempo dota de una mayor seguridad de cara a la ciudadanía lo que repercutiría de manera positiva en su aceptación. En consecuencia esto conduciría a un uso creciente y a una mayor aceptación de esta alternativa procesal en la práctica.

  7. De gran importancia es establecer que el principio de oportunidad sólo se le concede al ministerio público. La policía tiene que estar sujeta al principio de legalidad. De lo contrario habría una alta probabilidad de corrupción e influencia de políticos y ciudadanos. Por lo mismo el ministerio público debe tener conocimiento, en todo momento, de los detalles y del procedimiento, por lo que el trabajo de la policía tiene que poder ser siempre controlable por el ministerio público. Ello se debe establecer mediante la obligación a cargo de informes periódicos por parte de la policía. El ministerio público es el único responsable de tomar la decisión final acerca del archivo o la acusación. Esto no obsta para que la policía realice los correspondientes trabajos preparativos para formular alguna propuesta específica, como sería, por ejemplo, la preparación del proceso para un archivo.

  8. Se considera que para que el principio de oportunidad cumpla su cometido de ayudar a agilizar la justicia no es viable que se utilice un control judicial sobre la aplicación del mismo. Lo que es básico es la selección cuidadosa, supervisión y entrenamiento de los fiscales. Entre más alta sea la calidad del personal, se reducen los problemas que surgen por la toma de este tipo de decisiones.

  9. Una aplicación del principio de oportunidad en los sistemas de los países occidentales que lo han introducido a sus ordenamientos como la que aquí se defiende, debe llevar en el mediano plazo a una a ampliación en la terminación de los procesos en la etapa de investigación con la consecuente excepcionalidad de un juicio completo. Esta ampliación de terminaciones anormales debe ser liderada por dicho principio y seguida en mucha menor medida por el uso de otras soluciones. La idea que subyace al mismo es regular al sistema penal en su conjunto.

  10. Herramientas como el AED permiten desde otras disciplinas ajenas al derecho penal y procesal penal justificar la práctica del principio de oportunidad de manera adecuada y convincente, dado que logran determinar como en el sistema penal la utilización racional de los escasos recursos con los que se cuenta puede perfectamente sustentar como plausible la aplicación del principio de oportunidad para mejorar la respuesta penal. Ello incluso a pesar de las falencias que le endilgan sus detractores que evitan el que se convierta en una teoría de la justicia.

  11. Finalmente es necesario que paralelo a este procedimiento se genere la devolución de una multiplicidad de problemas sociales a mecanismos de regulación por fuera del derecho penal. Dado que ha venido existiendo el problema de la congestión en materia penal, y que el derecho penal siempre debe ser considerado como la última ratio, es fundamental al interior de cada sociedad que se generen espacios que ayuden a crear una real concientización sobre la necesidad de un proceso. Ello es de la mayor importancia no sólo para una mejor convivencia en sociedad, sino también para disminuir los altos niveles de conflictividad e intolerancia que han venido aumentando en las sociedades actuales.

  Esto también cobra especial importancia al interior del procedimiento penal teniendo en cuenta que, para un correcto funcionamiento del sistema penal, es indispensable restringir el número de procesos que se ventilan en el mismo con el fin de ir disminuyendo su carga y tender a su mantenimiento regular. Y ello implica crear vías dentro del sistema penal para mantener unos niveles adecuados, diferenciando aquellos problemas sociales que pueden solucionarse sin acudir a un proceso penal.

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