La intervención de las Administraciones públicas en el ámbito de las relaciones laborales presenta cuatro vertientes fundamentales: trabajo, empleo, Seguridad Social, seguridad y salud en el trabajo. En materia de trabajo la intervención administrativa está en retroceso como consecuencia, básicamente de la autonomía individual y colectiva. Sin embargo, el intervencinismo administrativo en materia de empleo, Seguridad Social y seguridad y salud en trabajo ha experimentado un incremento considerable como consecuencia de los intereses genrales hoy predominantes.
La determinación del orden jurisdiccional competente para conocer de las pretensiones impugnatorias de los actos administrativos de las pretensiones impugnatorias de los actos administrativos en las materias citadas siempre ha resultado compleja. Tradicionalmente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ha conocido de las práctica totalidad de estos actos. Sin embargo, desde 1990, el orden jurisdiccional social ha amplaido su ámbito sutantivo como consecuencia de determinadas atribuciones legales, así como alguna jurisprudencia favorable a una interpretación extensiva de la expresión "rama social del Derecho", determinante de la competencia de este orden jurisdiccional.
En el estudio que presentamos se analiza no sólo los actos administrativos en las materias ya referidas, sino también la determinación del orden jurisdiccional competente para conocer de estos actos.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados