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El orden público en Sevilla durante la II República: (1931-1936)

  • Autores: Francisco Carmona Obrero
  • Directores de la Tesis: Leandro Álvarez Rey (dir. tes.), José Leonardo Ruiz Sánchez (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Sevilla ( España ) en 2009
  • Idioma: español
  • Número de páginas: 700
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Rafael Sánchez Mantero (presid.), Inmaculada Cordero Olivero (secret.), Diego Caro Cancela (voc.), Antonio Barragán Moriana (voc.), Cristóbal García García (voc.)
  • Materias:
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: Idus
  • Resumen
    • No se puede olvidar que el análisis histórico del pasado debe estar presidido por la comprensión e interpretación de los hechos que permita su explicación, no orientado a una mera descripción o narración de los acontecimientos. Asumir este enfoque supone, sin ninguna duda, cuestiones previas de reflexión teórica y método. El punto de partida inicial contempló un acercamiento a las investigacion es historiográficas publicadas, tanto a nivel nacional como regional, asumiendo las líneas generales de la historiografía sobre la II República Española. Mi trabajo ha estado presidido por el criterio cronológico en la sucesión de los hechos, por lo tanto, he seguido una metodología de la teoría historiográfica “científico-constitutiva” y, más concretamente, de la historia secuencial que nos ofrece una primera visión descriptiva de los hechos históricos. Dentro de estos principios, analizo el marco local sin olvidar el regional, complementados ambos con el plano nacional y global de los fenómenos históricos, en la medida que me ha sido posible. Para el caso de Andalucía es necesario no perder de vista el marco geográfico de la comarca, más relevante históricamente que la provincia. Los anteriores principios están unidos bajo la perspectiva de no abordar única y exclusivamente la sucesión de los hechos, sino de encarar el “proceso histórico” que nos lleva a entender la historia como “la confluencia de la sociedad y el tiempo”. El aspecto empírico está presente porque hay que descender a la realidad, pues como bien dice Aróstegui: “[...] de lo que se trata en el fondo es de responder a la pregunta de qué se conoce cuando se habla de historia [...]”. El tratamiento informático en la presente investigación —sobre todo la creación de bases de datos—, es otro de los principales puntales metodológicos usados, permitiendo disponer de un mayor volumen de información, incrementando, primero las posibilidades de una mejor y más correcta interpretación de los hechos investigados y, segundo, la fiabilidad. En mi caso, se ha constituido en una herramienta necesaria, pues conforme se desarrollaba la consulta de las fuentes los hechos se enriquecían constantemente, obligándome a una imprescindible sistematización. El resultado, principalmente, queda plasmado en el apartado de apéndices; recogiendo esta documentación que complementa la presente investigación. No he reflejado todos los datos obtenidos, sino tan sólo aquéllos que tienen que ver directamente con el presente objeto de la investigación en la provincia sevillana. La accesibilidad a las fuentes históricas me ha permitido recoger una documentación que se aporta por medio del presente trabajo. Se complementa con las consultas bibliográficas realizadas en los trabajos publicados por reconocidos historiadores que me han servido de guía para adentrarme en el objeto de estudio. La pretendida naturaleza científica de una investigación historiográfica viene avalada, de forma especial, por la correcta interpretación de las fuentes disponibles y halladas. Por ello, en este aspecto es fundamental plantearse cómo debe marchar la recogida y documentación de los hechos históricos y, sobre todo, cómo organizarlos. Las fuentes que nos informan de los fenómenos históricos a los que se atiende, es decir, a las redactadas en el período investigado, tanto directas como indirectas; concretamente documentos o soportes existentes en archivos oficiales privados y fuentes hemerográficas. Otro aspecto no menos importante, ha sido la búsqueda y correcta selección de las fuentes con relación al objeto de conocimiento, de las conocidas y de aquéllas otras que parecían desaparecidas; en algún caso olvidadas en un estante oficial, buscando aquellas otras no utilizadas hasta entonces y, por lo tanto, novedosas. He sometido a interrogación las fuentes y los datos que las mismas contienen. En su tratamiento, he tenido muy cuenta la fiabilidad de las mismas —tanto directas como indirectas— que crece cuando las confrontamos con otras fuentes que aluden al mismo fenómeno histórico. Las fuentes en las que se ha basado el presente trabajo han sido las que se detallan a continuación: las fuentes jurídicas. El acercamiento a las mismas se hacía imprescindible, primero, porque la II República Española aplicó leyes anteriores emanadas bajo otros regímenes políticos y, segundo, porque permiten entender los mecanismos jurídico políticos de una estructura o sistema de poder con respecto a sus gobernados. Pero hay más: un tipo de fuentes que en esta investigación han sido y seguirán siendo de enorme valor por su aportación novedosa con respecto al fenómeno de la violencia política y el orden público, son las constituidas por las disposiciones legislativas y, a modo de ejemplo, por las disposiciones del Fiscal General del Estado republicano, los autos judiciales de los magistrados, etc., ya que aportan y completan otros tipos de fuentes. Las fuentes penitenciarias. En este apartado me refiero, especialmente, a los expedientes penitenciarios de aquellas personas a las que se les decretó prisión por sus actividades ilegales e implicaciones contrarias a la ley vigente del período republicano. Aportan una información valiosísima, primero, porque podemos obtener la comprobación de los datos que aparecen en otras fuentes, principalmente las hemerográficas, y segundo, por contener datos de la profesión, de relaciones mantenidas con otros activistas y políticos del momento. Además, contienen anexas en algunos casos sentencias y oficios policiales que narran pormenorizadamente los acontecimientos sucedidos. Las fuentes policiales. Este tipo de fuentes se ha nutrido de dos apartados, el primero, los oficios de las Fuerzas de Seguridad, anexos a los expedientes penitenciarios citados, y segundo, el archivo de la Comisaría General de Investigación y Vigilancia de la provincia de Sevilla —de las consultas, por ahora realizadas, se ha detectado que sus fondos se inician en la segunda década del siglo XX—, cuyos legajos han sido conservados en el archivo histórico de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, constituido principalmente por los expedientes personales de los policías del Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Esta información, a pesar de su importancia, no debe impactar al investigador, pues como el resto debe ser convenientemente contrastada. También en este apartado se han localizado informes relativos al contenido de las reuniones sindicales, elevados al alcalde del municipio, de los agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, en concreto de las secciones locales del Cuerpo conocidas en la II República con la denominación de Policía Local Gubernativa. Las fuentes militares. La implicación del Ejército en la represión de las alteraciones de orden público en la España contemporánea ha sido un hecho indudable. Durante la II República, la ley de Orden Público de 1870 y la de 23 de julio de 1933 requerían en el estado de guerra la implicación del Ejército en el mantenimiento del orden público. En Andalucía, por tanto, se ha consultado el fondo documental de la Segunda División Orgánica conservado en el archivo competente de la Región Militar Sur, con sede en Sevilla, que ha arrojado una información novedosa con respecto al tema investigado. El proceso fue completado con la consulta del Archivo General Militar de Ávila, que ha aportado a la presente investigación una serie de informaciones y comunicaciones mantenidas entre el Estado Mayor de la Segunda División Orgánica y el Estado Mayor Central del Ministerio de la Guerra, durante el periodo de octubre de 1934 y del Frente Popular. Entre las fuentes gubernamentales, el archivo del Gobierno Civil de Sevilla. En el caso sevillano, la documentación más utilizada está compuesta por una serie de libros registro, atendiendo principalmente a aquellos que contienen información sobre el período investigado. Recogen, en general, asientos e información de tipo administrativo, como no podía ser de otra manera, pues los fondos documentales, a los que aluden dichos registros se perdieron. No obstante, tienen una importancia fundamental para rastrear e indagar las decisiones de la primera autoridad provincial y de los gobiernos republicanos, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones del poder político con respecto al objeto de conocimiento del presente trabajo. También fueron consultados el archivo Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración. Entre las fuentes locales y comarcales: los archivos municipales. El seguimiento realizado con este tipo de fuentes debe ser considerado muy importante, pues hallamos soportes documentales que permiten corroborar datos y obtener información novedosa. Además, incrementan la fiabilidad en la investigación y completan el objeto de investigación, sin desligarlo del plano social y político. Resaltar que la información contenida en las mismas puede ser muy valiosa e imprescindible para conocer y explicar cómo sucedieron los hechos en los pueblos andaluces y en particular en los sevillanos, la actitud de la Fuerzas de Seguridad y de los alcaldes en aplicar las leyes de orden público y sus relaciones con los gobernadores civiles, etc. Los archivos de los Juzgados de Partido Judicial. Es otra fuente novedosa que complementa los hechos ocurridos durante la II República. Los sumarios judiciales instruidos aportan detalles y la narración de los acontecimientos por sus principales actores y, en ciertos casos, documentación política y social muy valiosa que consta intervenida en los mismos. Además, permiten conocer y valorar el funcionamiento de la justicia republicana y de las Fuerzas de Seguridad. Entre las fuentes editadas, centradas en la época analizada, permiten entender cómo los políticos republicanos y otros sectores sociales trataban políticamente el fenómeno de la violencia política, su concepción del orden público, etc.


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