El autor centra sus reflexiones en la entrada en vigor del Estatuto de Roma que pone en funcionamiento a la Corte Penal Internacional. El artículo particulariza el debate a la situación de México, y analiza en forma exhaustiva, enriquecida con una amplia bi-bliografía, las posturas que se encuentran en la mesa de discusión acerca de la ratificación o no del Estatuto de Roma, sobre todo por las implicaciones que esta ratificación traería al régimen constitucional.
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