La responsabilidad del Estado por la actividad del legislador

• Autores: María Consuelo Alonso García, Eric Leiva Ramírez
• Localización: Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, ISSN-e 2346-2051, Nº. 29, 2012, págs. 145-173
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The responsability of the State by the legislator activity
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen
  • English

    Analyzing the phenomenon of State responsibility for acts caused the legislator, has been a work done by both the doctrine and jurisprudence in the mid-twentieth century. In France, for example, introduced the first precedent in case law in 1934. In Spain, the study began to be managed with the promulgation of the Constitution of 1978 introduced the first court ruling in the year 1993. For Colombia, the Constitution of 1991 introduced in Article 90 the constitutional basis of the liability of the State, without any implication that the jurisprudence of the Council of State found the foundations of this responsibility in various provisions of the Constitution. However, the early failures associated with this degree of imputation in Colombia, were issued by the highest court of Administrative Colombia in the year 1998 and the Constitutional Court through the Case C-038 of 2006 court order that established some of the characteristics that this legal.

  • français

    Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina y la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, presentándose el primer fallo judicial en el año de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en 1998, y por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.