En octubre de 1999, en Tampere (Finlandia) el Consejo Europeo instó al establecimiento de un marco penal común de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos, que previera sanciones rigurosas para este grave delito. A partir de esa fecha se incrementaron las iniciativas a nivel nacional y regional para hacerlo efectivo. A lo largo de la última década, España ha ido adaptando �con mayor o menor acierto� su legislación interna a las obligaciones derivadas de las normas internacionales sobre trata y tráfico ilícito de personas. A través de diversas reformas se fueron multiplicando y solapando los diversos tipos de tráfico de personas, planteando numerosas cuestiones concursales difíciles de resolver. El proceso se inicia con la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, y culmina con la reforma del Código Penal llevada a cabo por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
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