La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido varias reformas que han evidenciado la acuciante necesidad de una nueva Ley. A este respecto, son varias las cuestiones que requieren un tratamiento distinto al actualmente dado, así la fase de instrucción, a fin de evitar su desmedida duración, su conversión en fase pública, y su trascendental incidencia en el juicio oral; la transformación de la fase intermedia en un verdadero juicio de acusación; la introducción del principio de oportunidad reglada por razones esencialmente de interés social y utilidad pública; o la limitación en el ejercicio de la acción popular, en la línea que actualmente mantiene el Tribunal Supremo.
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