El artículo presenta los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales vigentes que persiguen la prohibición y sanción de la aberrante práctica de la tortura en el Estado de Jalisco, México; lo que contrasta con la práctica de los órganos responsables de velar por la seguridad pública en la entidad y bajo un gobierno de alternancia política de segunda generación encabezado por Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2006).
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