La Administración tributaria debe garantizar el efectivo cumplimiento del deber de contribuir que impone la Constitución española a todos los ciudadanos. Sin embargo, su actividad inspectora y comprobatoria se encuentra limitada por dos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. En este trabajo se analiza la regulación y jurisprudencia que concretan dichos límites, así como se establecen criterios que permitan determinar cuándo una intromisión en la intimidad deja de estar justificada y se convierte en arbitraria.
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