La creación de una jurisdicción internacional se ha considerado una exigencia para sancionar a los responsables de crímenes colectivos que han sacudido la conciencia universal, como los crímenes contra la humanidad o el genocidio. El 17 de julio de 1998 se creó el Tribunal Penal Internacional permanente instituido por un tratado, el Estatuto de Roma, destinado a promover la primacía del derecho y a garantizar la sanción de los crímenes más graves de alcance internacional. Pero, la eficacia de una jurisdicción penal internacional no podrá demostrarse sino cuando existan procedimientos aptos para descubrir y perseguir penalmente a los responsables de este tipo de delitos.
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