La política de defensa de la competencia constituye un pilar fundamental en el proceso de construcción europea. La incorporación de nuevos Estados miembros a la UE, la necesidad de mejorar la eficacia de la actuación de las autoridades, o los retos planteados por la creciente globalización de los mercados han dado lugar a un intenso proceso de reformas del sistema europeo de derecho de la competencia con el objetivo de reforzar la eficacia de la intervención y mejorar los fundamentos de las decisiones
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