La Constitución Española de 1978 y las importantes reformas políticas que trajo consigo han sido coetáneas con un período de profundas transformaciones en el sistema financiero, lo que parece apoyar una relación de casualidad entre ambas. Este trabajo analiza el contenido financiero de la Constitución y, sobre todo, la evidencia empírica disponible, concluyendo que dicha relación es compleja e indirecta, debido a la presencia de otras fuerzas en juego. Incluso, el fuerte empuje comercial de las entidades de crédito regionales no puede asociarse sin más con el desarrollo de las competencias que las Comunidades Autónomas tienen sobre ellas.
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