De los derechos fundamentales sociales y su eficacia jurídica: Entre la jurisdicción y la voluntad constitucional. (Un estudio de derecho constitucional procesal con motivo de una de las propuestas de reforma de la Constitución española de 1978)

La crisis económica, política y social que comenzó a manifestarse en 2007 puso de manifiesto la debilidad de las garantías de los derechos sociales; lo que ha llevado a plantearse la necesidad de reformar la Constitución para reforzar el estatus de protección que ofrecen estos derechos fundamentales sociales. La hipótesis de este trabajo es que llevar a cabo una revisión de la Constitución para, simplemente, equiparar la protección jurisdiccional de estos derechos de modo que, al igual que los derechos civiles y políticos, sean susceptibles de fundamentar un recurso de amparo constitucional, no sólo presenta problemas prácticos derivados de la extrema dificultad con la que se ha configurado el procedimiento de reforma por el legislador constituyente español de 1977-1978, sino que dado que este recurso protege sólo ante las violaciones perpetradas por los poderes públicos, tampoco resolvería la desigualdad material en las relaciones jurídico-privadas. Por ello, se apela, ante las carencias demostradas por la jurisdicción constitucional para tal fin, como solución a la falta de eficacia jurídica real de los derechos fundamentales sociales, a la voluntad constitucional, entendida como el compromiso, de los poderes públicos y privados, así como por todos los particulares, de cumplir con todos y cada uno de los preceptos establecidos por el constituyente en el Código Constitucional.

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