La documentación del personal político de una Administración Local debe ser considerada documentación pública. No hay documentación «política» ni «de los políticos». Ante la inminencia de un proceso electoral debemos activar una serie de leyes, reglamentos y normativas que permitan un traspaso transparente de la documentación producida durante los años en que han asumido un mandato, sea al personal político sucesor, sea al archivo municipal. Esta intervención administrativa pretende evitar la ocultación, la pérdida y la apropiación indebida de documentación pública relevante y muy significativa para comprender y fiscalizar la acción de gobierno de una Administración ocal. Además perfeccionará, sin duda, la calidad del buen gobierno.
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