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Resumen de De víctimas y beneficiarios

Lucía Giambroni

  • español

    Los programas reparatorios implican transferencias de dinero destinadas a resarcir a las víctimas de un tipo de crímenes (en general aquellos que se constituyen como violaciones a los Derechos Humanos) y a señalizar responsabilidades. En agosto de 2017 se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 5.861,2 que creó un Régimen de Reparación Económica destinado a las llamadas víctimas colaterales del femicidio: los hijos menores de 21 años de la mujer asesinada. La reparación implica la transferencia mensual de una suma equivalente a un haber mínimo jubilatorio, hasta la mayoría de edad del/a beneficiario/a. El presente artículo analiza el proceso de construcción social de víctimas en el camino a la sanción de la ley, atendiendo a las representaciones que se jerarquizaron sobre las figuras y sus experiencias. Para identificar qué actores se constituyeron como interlocutores válidos y con qué sentidos se marcó el dinero entregado. La información se relevó a partir de entrevistas semiestructuradas, en profundidad, realizadas a los actores directamente involucrados en el proceso de formulación, sanción y aplicación. El trabajo de campo permitió establecer cómo la transferencia resultante permite evaluar y jerarquizar moralmente a los beneficiarios y a las víctimas, como destinatarios de un dinero merecido y distinto al de otros beneficios públicos.

  • English

    Reparation programs involve money transfers aimed to compensate the victims of a specific type of crime (more generally those that are constituted as violations of Human Rights) and at pointing out responsibilities. In August 2017, Law 5,861 was approved in the City of Buenos Aires, which created an Economic Reparation Regime for the so-called collateral victims of femicide: the children under 21 years of age that were under the care of murdered woman. The reparation consists of a monthly transfer of a sum, equivalent to a minimum retirement amount, until the beneficiary comes of age. This article analyzes the process of social construction of victims on the way to the sanction of the law, attending to the representations that were hierarchized for the victims and their experiences. It aims to identify which actors became validated in the process and with which meanings was the money delivered marked. The information was gathered from semi-structured, in-depth interviews with the actors directly involved in the process of formulation, sanction and application. The field work allowed us to establish how the resulting money transfer evaluates and morally ranks the beneficiaries and the victims, as recipients of deserved money, different from other public transfers.


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