Resumen de El intento (frustrado) de legitimación del tratamiento de datos sensibles con fines políticos

Margarita Orozco González

• español

  Los datos personales son, a día de hoy, un activo estratégico y de gran valor, muy codiciado por las amplias posibilidades que permite, ya sea por su venta o por su tratamiento, que, no obstante, quizá por ello, es objeto de una tutela exhaustiva a nivel europeo y español. Esa protección es aún mayor, si cabe, en el caso de datos sensibles, como la opinión política, los cuales solo pueden recabarse y tratarse en caso de que presidan su uso unas causas muy tasadas. Sin embargo, el legislador español introdujo la posibilidad de su uso por los partidos políticos en la adaptación de la norma Europea en el Derecho interno, materializada en la Ley 3/2018, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos digitales, introduciendo un nuevo precepto en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG), para atribuir dichas potestades. La constitucionalidad del nuevo art. 58 bis planteó dudas desde el principio a diversas instituciones y a la doctrina especializada, las cuales, finalmente, han sido despejadas por el TC.

• English

  Personal data is, nowadays, a strategic asset and of great value, coveted for the vast possibilities that offers, either by its sale or its treatment, that, however, maybe because of that, is subject of an exhaustive protection, both at the European and Spanish national level. That guardianship is even stronger, if possible, in case of sensible data, as it is the political opinion, which can only be required and processed by virtue of exclusively very few listed grounds. Nevertheless, the Spanish legislator introduced the possibility of its use by political parties when transposing the European norm through the 3/2018 Data Protection Act/Law, developing also, their powers in this context by reforming the Law on the General Electoral Regime (OLGER). The new precept’s constitutionality was a matter of concern from the beginning among both citizens and specialists, which has been resolved by the national Constitutional Court.