La Administración Pública en el siglo XXI tiene muchos retos, al igual que los gobiernos a los que sirven. Es necesario que asuman sus responsabilidades y que cumplan con sus competencias en la gestión de los servicios públicos que les correspondan. Por ello, es una obligación de primer orden supervisar y procurar mejorar la calidad de los servicios públicos, que no se pueden abandonar al albur de las privatizaciones. Además, hay que trabajar para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, que está conllevando el deterioro de la gestión de los servicios públicos.
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