La Renta Básica. Para una reforma del sistema fiscal y de protección social.

• Autores: Luis Sanzo González, Rafael Pinilla Pallejà
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 42, 2004
• Idioma: español
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• Resumen

  • La renta básica ha sido definida como una renta modesta que una comunidad política asigna de forma universal e incondicional a sus miembros como un derecho de ciudadanía. En este trabajo adoptamos la idea de renta básica como referencia fundamental para elaborar una propuesta de reforma articulada de los tres instrumentos económicos esenciales que nuestra Constitución pone al servicio de la política social: el IRPF, la Seguridad Social y el sistema de garantía de rentas mínimas de las comunidades autónomas.

    El trabajo presenta los argumentos que justifican la introducción de un nuevo modelo integrado de fiscalidad y protección social fundamentado en la renta básica. Analiza a continuación los cuatro principios generales en los que conviene sustentar una propuesta de esta naturaleza: su objetivo principal consiste en garantizar a toda la población una renta de cuantía suficiente para satisfacer las necesidades básicas; la introducción de la renta básica no sólo no debe perjudicar sino que puede mejorar el nivel de empleo, por lo que es preciso prever medidas de estímulo o bonificación al empleo; la gestión de la renta básica debe ser sencilla y favorecer la lucha contra el fraude fiscal, siendo conveniente proponer su aplicación incorporando al IRPF un tramo de impuesto negativo; aunque la introducción de la renta básica no debe sustituir el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y la asistencia social actuales, ofrece una gran oportunidad para mejorar los niveles mínimos de protección, simplificar el sistema y mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública.

    De acuerdo con estos principios, los autores concretan una propuesta inicial de reforma fiscal con garantía de una renta básica. Se trata de una propuesta abierta, observándose que los efectos del modelo son sensibles a pequeñas variaciones en sus elementos componentes, por lo que es posible generar múltiples escenarios de reforma alternativos. La cooperación entre técnicos y responsables políticos se hace por ello esencial para evaluar las implicaciones de cada escenario y optimizar la toma de decisiones.

    El estudio aborda igualmente las principales implicaciones económicas de la propuesta, tanto en términos de redistribución estática de la renta como de análisis de las incertidumbres más relevantes de carácter dinámico. En este contexto, se delimitan algunos ejemplos de decisiones políticas concretas que pueden ayudar a una transición suave hacia un modelo de renta básica eficiente en lo económico y políticamente aceptable para una amplia mayoría social.

    Esta propuesta se concreta en la introducción de una modalidad de renta básica cuyos objetivos económicos de garantía para el año 2003 serían los siguientes:

    1. Una cuantía de renta básica para una persona sola de 360 anuales).

    2. Una cuantía de renta básica para dos personas de 540 € € mensuales (4.320 mensuales (6.480 € € anuales).

    3. Una cuantía de 110 independizados. € mensuales (1.320 € anuales) para los menores de 25 años no independizados.

    Las Comunidades Autónomas podrían, con cargo a sus propios presupuestos, ampliar las mencionadas cuantías garantizadas. La aplicación de estas cuantías se realizaría mediante la gestión de la renta básica en el marco del IRPF, de acuerdo con una modalidad de imposición negativa sobre la renta, optando por una aproximación basada, por razones de sencillez, eficacia y eficiencia, en un único tipo fiscal. La conclusión principal es que la introducción de la renta básica en España es perfectamente viable desde el punto de vista económico, teniendo unos efectos muy positivos en la lucha contra las formas graves de pobreza, permitiendo en la práctica eliminarlas. Una segunda conclusión fundamental es que, al implicar una distribución mucho más justa de las cargas fiscales que el modelo de IRPF vigente, su aplicación también resultaría mucho menos costosa de lo que inicialmente pudiera esperarse. En este sentido, utilizando un tipo fiscal del 50%, el coste fiscal de la reforma se reduce al 1,21% del PIB (2,66% en el supuesto de un tipo único fiscal del 45%). Apenas el 30% más rico de nuestra sociedad podría considerarse perdedor en este proceso de reforma. Sin embargo, incluso este colectivo debería considerarse ganador en una sociedad socialmente más estable y, como consecuencia de ello, con mayores perspectivas de progreso económico futuro.