Resumen de La protección del consumidor en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: la apreciación de oficio de la nulidad y la flexibilización de los principios procesales
- español
En este trabajo se abordará la protección del consumidor en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, poniéndola en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. En concreto, se analizará la flexibilización de los principios procesales en lo relativo a la apreciación de oficio de la nulidad, en aras de la protección del consumidor. Para este análisis, nos centraremos principalmente en la reciente STC 31/19, de 28 de febrero de 2019. Esta sentencia, del Pleno, aplicando la jurisprudencia del TJUE, impone al juzgado que está conociendo de la ejecución la necesidad de dar respuesta a la solicitud de nulidad de una estipulación contractual planteada de forma extemporánea, cuando la ejecución está prácticamente concluida, con el argumento de que no se había llevado a cabo un examen de oficio previamente. Esta sentencia tiene además un voto particular, lo que nos demuestra la complejidad del tema y plantea la reflexión de cuestiones claves como la vigencia de los principios procesales y su compatibilidad con la apreciación de oficio
- English
In this paper we will examine the consumer protection in the case law of the Constitutional Court, in connection with the case law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court. Specifically, we will analyze the flexibility of procedural principles in relation to the ex officio assessment of nullity, for the sake of consumer protection. For this analysis, we will focus mainly on the recent STC 31/19, of February 28, 2019. This judgment, of the Plenary, applying the jurisprudence of the CJEU, imposes on the court that is hearing of the execution the need to respond to the request for the invalidity of a contractual stipulation submitted in an extemporaneous manner, when the execution is practically concluded, with the argument that an ex officio examination had not been carried out previously. This judgment also has a dissenting vote, which shows us the complexity of the issue and raises the reflection of key issues such as the validity of procedural principles and their compatibility with the ex officio assessment
