Los argumentos centrales que se esgrimieron desde el ámbito oficial para justificar el restablecimiento del régimen de banca mixta fueron que con ello el Estado lograría disponibilidades financieras que le permitirían atender las urgencias sociales existentes; y porque al hacer que el Estado realizara funciones financieras se le estaba distrayendo de otras actividades prioritarias que le eran propias. En el contexto de la renegociación de la deuda externa hecha poco antes de esta medida, también estaba subyacente el argumento de que la venta de los bancos a los particulares podría permitir obtener fondos con los que se lograra una reducción significativa del peso agobiante que representa la deuda pública interna sobre la economía nacional. Por su parte algunos opositores cuestionaron frontalmente esta reforma porque ella representaba el regreso de los banqueros cuyas concesiones fueron retiradas en 1982.
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