Envejecimiento y vivienda: nuevas situaciones, nuevas demandas

• Ramón Díaz Hernández ^[1] ; Jordi Boldú Hernández ^[1]
  1. [1] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

     Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

     Gran Canaria, España

     
• Localización: Población y territorio: España tras la crisis de 2008 / coord. por Juan David Sempere Souvannavong, Carlos Cortés Samper, Ernesto Cutillas Orgilés, José Ramón Valero Escandell, 2020, ISBN 978-84-9045-911-9, págs. 157-173
• Idioma: español
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  • El envejecimiento demográfico constituye un motivo de preocupación social cuyos efectos están aún por determinar. Las causas de este proceso son ampliamente conocidas, con la salvedad de algunos factores de incidencia propios de cada ámbito geográfico (Sánchez-González, 2011). En Canarias se aprecia en los últimos años una inversión en la pirámide poblacional, donde aumentan las personas mayores de 40 años, y disminuye la población joven. Las estimaciones del INE e ISTAC reflejan que la población menor de 15 años retrocede del 14,5 al 13% entre 2011‐2021, al tiempo que los nacimientos proyectados ya están por debajo de las previsiones iniciales del INE debido a una mayor caída de la fecundidad. Los menores de 40 años no llegan al millón de personas, lo que representa un 48% de la población total; este porcentaje era del 56% en 2007, lo que quiere decir que, en una década, la población menor de 40 años ha descendido en más de 8 puntos. Por el contrario, el grupo de 65 años y más, con 322.841 efectivos en 2017, supone ya un 15,5% de la población total. Hace diez años apenas alcanzaba el 12%, y en la estimación proyectada para 2021 se prevé que llegará al 20% del total regional. La futura evolución demográfica estará determinada, si ningún otro factor no lo revierte, por una fuerte caída de la natalidad y un progresivo envejecimiento de la población. Esta tendencia provoca un nuevo escenario que puede influir en los servicios y prestaciones públicas (sistema de pensiones, atención y ayuda a personas ancianas, dependencia, etc.), y por ello recurrimos a indicadores básicos (Abellán et al., 2014; INE, 2017) para el mejor conocimiento de esta realidad y diagnosticar si las respuestas adoptadas por las administraciones satisfacen o no unos derechos sociales consolidados.