El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos

• Sergio Alonso Rodríguez ^[1]
  1. [1] INACIPE
• Localización: Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 18, 2021, págs. 55-72
• Idioma: español
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    El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Finan-ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual originó una tesis de jurisprudencia que ha permitido el desbloqueo de muchas cuentas, sobre la base de que la unidad mencionada no actuó en cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por México. Ahora bien, cuando la Primera Sala resolvió otro amparo en el que se impugnó el mismo precepto, se concluyó que este es inconstitucional por permitir a la unidad referida que actúe como si fuera competente para investigar y perseguir delitos. En este artículo se sintetizan y comentan ambas resoluciones, que dieron lugar a una contradicción de criterios aún no resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  • English

    Article 115 of the Ley de Instituciones de Crédito empowers the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance and Public Credit to block bank accounts of clients that, presumably, could use them for acts, omissions or operations with resources of illicit origin. The article was contested through several amparo trials that were resolved by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of Mexico, which originated a precedent that has allowed the unblocking of many accounts, on the basis that the men-tioned Unit has not acted in compliance with international commitments signed by Mexico. However, when the First Chamber resolved another amparo in which the same provision was challenged, it was concluded that it is unconstitutional because it allows the referred Unit to act as if it were competent to investigate and prosecute crimes. In this article, both resolutions, which gave rise to a contradiction of criteria not yet resolved by the Supreme Court, are summarized, and commented