Resumen de Límites de los decretos-leyes :La «extraordinaria y urgente necesidad» como presupuesto habilitante: Legitimidad del decreto-ley para regular una materia reglamentaria: Modificación de normas tributarias por decreto-ley : Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de enero. Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019
- español
El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulas las disposiciones adicionales primera y tercera del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, por considerar, respecto de la primera (medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler), que no se justifica la necesidad de acudir a un decreto-ley para la adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica no se aprecia, en principio, la exigencia de contar con la habilitación de una norma con rango de ley; y, respecto de la disposición adicional tercera (convenios en materia de infraestructuras), que la justificación ofrecida no resulta suficiente para desplazar la potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE), al no guardar la necesaria relación de conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad previamente definida. Confirma el Alto Tribunal la constitucionalidad del citado real decreto-ley en todas las demás disposiciones, inclusive en las que suponen la modificación de las leyes de dos impuestos especiales: el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- English
The Constitutional Court declares the first and third additional provisions of Royal Decree-Law 7/2019, of March 1, of urgent measures on housing and rent, unconstitutional and void. Regarding the first additional provision (measures to promote the offer housing for rent), the Constitutional Court considers that it does not justify the need to resort to a decree-law for the adoption of measures for the implementation of which, in principle, those is no requirement of a norm with the rank of law; and, with respect to the third additional provision (Infra-structure agreements), that the justification offered is not sufficient to displace the legislative power of the Cortes Generales (art. 66.2 CE), as it does not maintain the necessary connection of meaning with the situation of extraordinary and urgent need previously defined. The High Court confirms the constitutionality of the aforementioned Royal Decree-law in all other provisions, including those that entail the modification of the laws of two special taxes: the Property Tax and the Tax on Property Transmissions and Documented Legal Acts.
