Resumen de De nuevo sobre la distribución competencial y los problemas de delimitación entre el orden social y el contencioso administrativo
- español
La cuestión sobre la determinación competencial de un órgano jurisdiccional tiene su razón de ser en el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Pero en la práctica forense de un pasado no muy lejano han podido evidenciarse zonas de confluencia o “zonas grises” entre el orden jurisdiccional social y el contencioso-administrativo que, desafortunadamente, han ido perviviendo en el tiempo, a pesar de las numerosas reformas sufridas en la legislación laboral, y que han dado lugar a una interminable vía de conflictos de competencia entre tribunales pertenecientes a uno u otro orden, causando por ello verdaderas situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica al justiciable y provocando lo que ha venido denominándose “peregrinaje jurisdiccional”. Este estudio pretende analizar el grave problema que la indefinición legislativa ha provocado y arrastrado en la última reforma producida en la legislación laboral de 2011 y señalar las cuestiones más conflictivas que a golpe de sentencia el Tribunal Constitucional ha ido solventando caso por caso.
- English
The question of the determination of a court’s jurisdiction is based on the fundamental right to the ordinary judge predeterminated by law as it is enshrined in Article 24.2 of the Spanish Constitution. However, not so long ago, in forensic practice, areas of confluence or "grey areas" between the social and administrative courts have unfortunately survived through time, despite the numerous reforms suffered in the field of labour law. These reforms have led to an endless path of conflicts of jurisdiction between courts, thereby causing real situations of legal uncertainty to the litigant, and causing what has been called the "jurisdictional pilgrimage." This study aims to analyze the unclarity of the criteria that is required to define the competence of either labour or administrative court. This unclear criteria has originated from a poor legislative technique and therefore, has been dragged into the latest reform for the new Labour Law of 2011. In addition, this study reviews the most conflicted issues that the Constitutional Court has held on a case-by-case basis.
