La renta valenciana de inclusión
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Caravantes López de Lerma, Gloria María [2] ; Uceda Maza, Francesc Xavier [1] ; Martínez-Martínez, Lucía [1]
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[1] Universitat de València
Universitat de València
Valencia, España
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[2] Estudiante de doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional (Universitat de València),
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- Localización: Actas del VII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS): ‘políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad’’. Celebrado el 4 y 5 de octubre de 2018 en Zaragoza / coord. por Alessandro Gentile, Ana Lucía Hernández Cordero, Borja Miranda Larré, 2018, ISBN 978-84-09-07522-5, págs. 1217-1229
- Idioma: español
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Resumen
Es objeto de esta comunicación explicar el proceso de generación, el modelo y las claves de la nueva Renta Valenciana de Inclusión.
En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), se proclama que es necesario reconocer una ayuda social digna para todas las personas necesidades como vía para combatir la exclusión social. Este mandato ha sido desarrollado en España por las diferentes Comunidades Autónomas, a través de lo que se ha denominado salario social, rentas mínimas o garantizadas. Todo ello como una prestación económica de carácter periódico, donde se incorpora además la obligación de participar en programas integrales que faciliten la inserción sociolaboral.
En la Comunitat Valenciana hubo que esperar al 2007 para la aprobación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía. Dicha renta, se presenta como la renta mínima más restrictiva de todo el Estado, siendo la que menos protege económicamente y la que menos apoya socialmente, tanto por sus requisitos como por el procedimiento que comporta. Además de ello, no incluye el perfil profesional de trabajadores/as sociales, así como la inexistencia en su planteamiento de programas que refuercen y apoyen los procesos de incorporación social.
En este sentido, la Renta Valenciana de Inclusión se apuesta por el derecho subjetivo, desterrando prácticas caritativas y asistenciales mediante el reconocimiento del doble derecho: la garantía de ingresos mínimos y la inclusión social. Es una ley dirigida, tanto a las personas en situación de exclusión por carencia de ingresos económicos, como aquellas que perciben una prestación o ingresos del trabajo insuficientes. Es, por tanto, una Ley abierta a las nuevas realidades sociales surgidas como por ejemplo la de los trabajadores y las trabajadoras pobres.
