¿puede el estado adoptar medidas paternalistas en el ámbito de la protección de la salud?

• Autores: Marina Felicia Gascón Abellán
• Localización: Humanitas : Humanidades Médicas: Tema del mes on-line, ISSN-e 1886-1601, Nº. 20, 2007 (Ejemplar dedicado a: ¿Puede el estado adoptar medidas paternalistas en el ámbito de la protección de la salud?), págs. 1-25
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Should the State Embrace Paternalist Measures in the Field of Health Protection?
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• Resumen
  • español

    El reconocimiento de la protección de la salud como derecho prestacional puede generar conflictos con la libertad-autonomía de los individuos, bien en su calidad de pacientes o bien en su calidad de potenciales pacientes.

    Estos conflictos tienen su origen en la adopción de medidas o de interpretaciones del ordenamiento de tipo paternalista sobre cuya justificabilidad conviene reflexionar; y no sólo por su carácter altamente polémico, sino también por la -al menos aparente- paradoja que supone que aquello que sólo costosamente ha sido reconocido como un derecho termine siendo impuesto como un deber.

    1. La primera manifestación del paternalismo que se analiza es la que tiene lugar con la restricción de la libertad-autonomía de las personas en su calidad de pacientes y se manifiesta en la respuesta que se da al rechazo de tratamientos médicos cuando la vida corre peligro. Desde el punto de vista jurídico, el rechazo de un tratamiento que se considera vital constituye un conflicto entre derechos o bienes constitucionalmente protegidos.

    Por un lado el derecho a la vida del paciente, que obliga a hacer lo posible por salvarla, y por otro su libertad, que justifica el derecho del paciente a rechazar el tratamiento que se le propone. Dos son las soluciones posibles a este conflicto, dependiendo de que la vida se conciba en su estricta cualidad físico-existencial, lo que supone configurar el derecho a la vida como un “superderecho” con carácter preferente sobre el resto de los derechos; o que se conciba como un bien inescindible de la capacidad de autodeterminación del individuo, lo que supone que no hay confrontación entre la vida y la libertad, pues la vida constitucionalmente protegida es la vida libremente elegida. En el primer caso la vida deberá protegerse incluso frente a su titular, de modo que la asistencia médica coactiva (como cualquier otra medida paternalista encaminada a preservar la vida) está justificada; en el segundo la vida no puede protegerse contra la voluntad de su titular.

    En la jurisprudencia de los altos tribunales españoles domina la primera de las interpretaciones señaladas: la que concibe la vida, in fine, en términos de santidad, como un valor intangible. En este trabajo, sin embargo, se aboga por la interpretación alternativa: la de la vida libremente querida y autodeterminada, que es la más acorde con los principios de un Estado laico y liberal tendencialmente contrario a los deberes paternalistas y que, por lo demás, se va abriendo paso en la jurisprudencia de algunos tribunales.

    2. La segunda manifestación de paternalismo que se analiza es la que tiene lugar con la restricción de la libertad-autonomía de las personas ya no en su calidad de pacientes, sino en su simple condición de ciudadanos, y se manifiesta cuando el Estado impone (o pretende imponer) deberes que limitan la libertad de los sujetos en aras de la protección de su propia salud. Este tipo de deberes plantean dos cuestiones: 1) ¿están justificadas estas restricciones a la libertad?; y si lo están, ¿cuándo o en qué condiciones?; 2) en el caso de que estén justificadas, ¿qué tipo de consecuencias pueden anudarse a ellas?; y en concreto, el incumplimiento de estas restricciones o deberes ¿puede justificar la denegación de la asistencia sanitaria? Respecto al primer orden de cuestiones, lo que se sostiene aquí es que si estos deberes fueran puramente paternalistas no tendrían justificación, y que una de las pocas posibilidades (si no la única) de justificarlos es apelar a la responsabilidad de los individuos en la protección de ciertos intereses sociales de primer orden, y en particular en la preservación -mediante la contención del gasto sanitario- del sistema público de protección de la salud. De este esquema de justificación derivan dos consecuencias de importancia. La primera es que la norma en cuestión ha de superar un test de justificabilidad (o de constitucionalidad) que se traduce en resumidas cuentas en mostrar que no es una medida puramente paternalista, sino que se encamina a preservar un bien social importante (la viabilidad del derecho a la salud para todos mediante la contención en el gasto sanitario y el buen aprovechamiento de los recursos), que es adecuada y necesaria para ello y que resulta proporcionada a los beneficios que con ella se espera obtener.

    Respecto al segundo orden de cuestiones lo que se sostiene es que la “sanción” que se anude al incumplimiento de los deberes así justificados no puede consistir en ningún caso en la privación del derecho a la asistencia sanitaria, porque tal sanción sería inconstitucional. Lo que podría resultar adecuado (y constitucionalmente legítimo), sobre todo en casos de escasez o insuficiencia de recursos, es arbitrar fórmulas de copago o impuestos especiales o incluso criterios de prelación en la atención sanitaria.

  • English

    The acknowledgement of health protection as a provisioning right may give rise to conflicts with the individuals' freedom-autonomy, both as patients and as potential patients. These conflicts find their origin in the adoption of paternalistic measures or interpretations of the set of laws, on whose justifiability it is convenient to reflect; and not only for its highly argumentative nature, but also for the -at least apparent- paradox involving that what has been recognized as a right through a long-lasting hard process winds up as an imposed duty.

    1. The first demonstration of paternalism that is analyzed is that appearing along with the restraint of the freedomautonomy of the people when being regarded as patients and is shown through the answer given to the refusal of medical procedures when life is in danger. From the juridical point of view, the rejection of a treatment that is considered vital composes a differendum between rights or assets constitutionally protected. On the one hand, the right to life of the patient, that compels to make all the effort to save it, and, on the other one his freedom, that justifies the right of the patient to refuse the treatment that he is been offered. There are two possible solutions to this conflict, depending on whether life is strictly conceived as a physical existential attribute, which involves setting up the right to life as a super-right with preferential character over the rest of rights, or as an inseparable good of the individual's capability of self-determination, what implies that there is no confrontation between life and freedom, since the life constitutionally protected is the life freely elected. In the first case, life must be protected even in front of his titleholder, so that the coercive medical assistance (as well as whatever the measure led to preserve life ) is justified; in the second one, life cannot be guarded against its titleholder's will.

    Within the Spanish high courts jurisprudence, the first interpretation reigns supreme: the one that conceives the life in fine, in terms of holiness, as an intangible value. In this work, however, the alternative interpretation is advocated: that of the freely wanted and self-determined life, which is the most in agreement with a lay and liberal state's principles naturally opposed to the paternalistic duties and that, otherwise, is making itself room in some courts' jurisprudence.

    2. The second demonstration of paternalism that is analyzed is the constraint of the freedom-autonomy of people no longer regarded as patients, but as citizens, and is shown when the State imposes (or intends to impose ) duties that limit the freedom of the subjects for the sake of the protection of their own health. This kind of duties brings about two questions: 1) are these restrictions to freedom in the right?; and if they are, when or in what conditions?; 2) in the event that they are in the right, what kind of consequences can get tied up to them?; and in short, the non-fulfillment of these restrictions or duties can it justify the denial of healthcare assistance? Regarding the first order of issues, what it is supported here is that if these duties were purely paternalistic they would not be justified, and that one of the few chances (if not the one and only) of justifying them is appealing to the responsibility of the individuals in the protection of certain social interests of first order, and in particular in the preservation of the public healthcare system by means of the restraint of the healthcare expense. From this sketch of vindication two important consequences derive. The first is that the standard in point has to surpass a test of justifiability (or of constitutionality) that means showing that it is not a purely paternalistic measure, but rather leads itself to preserve an important social good (the feasibility of the right to health for all by means of the control of the healthcare expense and the proper use of the resources), that it is convenient and necessary for it and that it works out proportionately regarding the benefits it was intended to bring about.

    Concerning the second order of issues, what it is supported here is that the penalty to follow the nonfulfillment of the duties that way justified cannot lie in any case in the deprival of the right to healthcare assistance, because such sanction would be unconstitutional. What could prove to be adequate (and constitutionally legitimate), above all in cases of scarcity or resource gap, would be umpiring copayment formulas or special taxes or even order of precedence criteria regarding healthcare assistance