España se declara como un Estado Social y Democrático de Derecho en el primer artículo de su Constitución, poniendo así en evidencia su carácter social-democrático. Tras haber adherido a la Carta Social Europea de 1961 en 1980 y a los protocolos de 1988 y 1991, España ha dejado de ratificar el Protocolo de 1 995, sobre la reforma del sistema de control y, sobre todo, la Carta Revisada de 1996. Este trabajo procura analizar algunos de los aspectos que han contribuido a determinar este proceso de involución de la internacionalización social de España.
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