La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923 supuso para los ayuntamientos españoles una verdadera militarización. La sustitución de los gobernadores civiles por los militares y el cambio de todos los concejales y alcaldes propiciaron la presencia de miembros del Ejército en los municipios. Este proceso se vio reforzado por el nombramiento de oficiales y jefes como delegados gubernativos —verdaderos ‘comisarios políticos’ del régimen— en los partidos judiciales. En este estudio se presentan las particularidades de quienes fueron nombrados en Andalucía.
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