La adaptación al cambio climático en la Unión Europea (UE) ha sido objeto de un escaso y tardío desarrollo. Numerosos Estados miembros se muestran reticentes a adoptar planes nacionales de adaptación (PNA) y algunos se oponen incluso a que la UE adopte normas vinculantes. La UE intenta contrarrestar estas limitaciones integrando medidas de adaptación en otras políticas de su competencia. El mayor activismo de sostenibilidad observado por las entidades locales permite así mismo compensar la inercia estatal. Contrastando con su acción interna, la UE se ha transformado en el principal promotor de PNA en países terceros a través de su política de ayuda al desarrollo. Esta cooperación genera efectos multilaterales que pueden facilitar la adopción de un nuevo orden climático mundial post-2020.
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