El conjunto de reformas que la legislación ritual viene experimentando está provocando efectos muy perniciosos en la institución procesal y, por tanto, en el instrumento que pueden utilizar los ciudadanos para hacer valer ante la Jurisdicción las lesiones que sufran en sus derechos subjetivos. La situación es realmente grave, pues contraría el canon constitucional que exige que esa tutela de derechos deba ser judicial y efectiva. En este trabajo se contrasta esa eventualidad con un par de ejemplos prácticos demostrativos de su desafortunada concurrencia.
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