La objeción de conciencia en el ámbito sanitario: tratamiento legal y jurisprudencial en una perspectiva comparada.

• Autores: Claudia Pecorella
• Localización: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 18, 2014 (Ejemplar dedicado a: Las fronteras del derecho biosanitario.), págs. 249-267
• Idioma: español
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    Con respecto a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, el aspecto más complicado se centra en las intervenciones para interrumpir el embarazo, o bien para prevenirlo a través de suministro de anticonceptivos o, por el contrario, en las actuaciones dirigidas a lograr el embarazo a través de técnicas de fecundación asistida. En algunos países, como Italia o Estados Unidos, el porcentaje de objetores es tan alta que a las mujeres se les impide el acceso a tales intervenciones. El Estado puede considerarse el principal responsable de situaciones como ésta cuando no prevé la necesaria regulación de la objeción de conciencia o cuando no impone el respecto de la legislación existente. En el trabajo se presta atención a las condiciones de legitimidad de las leyes sobre la objeción de conciencia que, a su vez, permiten evaluar la posible responsabilidad penal del sanitario que rehace una intervención debida, fuera de las condiciones en que el rechazo puede ser autorizado.

  • English

    Concerning the conscientious clauses regarding health services, a very worrying situations is found in performing abortions or providing contraception or, at the opposite, infertility treatments. In some countries like Italy and the United States, the percentage of objectors is so high that women are denied access to those medical services. Greater responsible for the situation is the State that fails to regulate the moral and religious objections of health care provider as well as to require compliance with the existing legislation. This work addresses the conditions that legitimate the recognition of the right to conscientious objection by the law; conditions that are also used to assess the potential criminal liability of physicians, due to their refusal to provide treatments outside the conditions under with rejection can be authorized by the law.