En relación con la crisis de los controladores civiles de tránsito aéreo acaecida en diciembre de 2010, la contribución analiza si el estado de alarma, regulado en la LO 4/1981, de 4 de junio, puede ser declarado para hacer frente a situaciones de grave conflictividad social y si las repercusiones penales que conlleva esta declaración pueden vulnerar la Constitución.
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