El Pacto de Estado de Reforma de la Justicia nació de la necesidad de dar una respuesta a la insatisfacción de la sociedad española sobre su funcionamiento y para realizar las reformas estructurales que fueran necesarias al margen de las mayorías políticas coyunturales de cada período de gobierno. Pero el mantenimiento del Pacto exigía una lealtad con la letra y también con el espíritu del acuerdo y este compromiso se ha incumplido por el Gobierno del PP.
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