El retorno a la democracia no implicó una adecuación de los contenidos de la educación y de las prácticas pedagógicas hacia la formación de ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos. El Congreso Pedagógico Nacional no llegó a concretar este objetivo y sus conclusiones se diluyeron sin instaurar ejes directrices.
El rumbo inequitativo de la economía demostró que la legalidad no garantiza los derechos sociales.
Las sucesivas legislaciones (Ley Federal Nº 24195 y Ley de Educación Nacional Nº 26206) plantean objetivos sin proveer las condiciones para superar las limitaciones existentes en materia de infraestructura y contenidos en la formación docente, con lo cual no se resuelven los problemas vinculados a la calidad educativa.Se hace necesario reconstruir un Estado garante de los derechos sociales (y de la educación como bien social). Y definir el rol de la Educación en una política de inclusión social y formación ciudadana.
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