Para poder asegurar el acceso de los ciudadanos a la información y a la cultura es necesario conciliar la protección del derecho a la propiedad intelectual con los propios derechos de los usuarios. Para que los ciudadanos puedan acceder a los contenidos culturales e informativos se requiere que previamente existan adecuadas ofertas informativas, de ocio, culturales o educativas. Lo que implica que deben existir garantías para los creadores y realizadores en relación con la reproducción, distribución y comunicación pública de sus obras.
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