El incremento notable de la población penitenciaria, que alcanza una cifra superior a las 75.000 personas privadas de libertad, ha tenido una especial incidencia en la población extranjera. Tal realidad, a la cual no se puede dar la espalda, exige un tratamiento específico ante las necesidades particulares de este grupo de internos, que se proyecta tanto en su estancia en prisión como en las posibilidades de acceso a regímenes de semilibertad o libertad condicional en aras a su reinserción.
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