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España 1898-1998: del "desastre" a la plena integración en Europa

  • Autores: Josep Piqué i Camps
  • Localización: Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española, ISSN 1137-4772, Nº. 50, 2009 , págs. 41-54
  • Resumen
    • El ministro Josep Piqué hizo una visita oficial a Cuba el mes de junio último. No fue un viaje protocolario: tuvo verdadero significado político. Siete meses después, el régimen de Fidel Castro ha decidido nuevos procesamientos por actos que, en las democracias europeas, serían materias opinables, dentro del legal contraste de ideas. Poco partidarios como somos de publicar discursos, creemos que éste debe presentarse íntegramente: encuadra claramente las diferencias entre dos sistemas, plantea una esperanza de rápida liberalización y aboga por preservar, por encima de cualesquiera diferencias políticas, la amistad entre Cuba y España. España no admitirá ningún atentado contra los derechos humanos -empezando por la libertad del pensamiento y su expresión- aunque mantenga su afecto activo, constante y fraternal por el pueblo cubano: Creo que recurrir a nuestro pasado es inevitable para entender tanto nuestro presente como nuestro futuro. De ahí que mi exposición conste de dos partes. Una primera, con un breve repaso a nuestra historia económica en este siglo, se centra en aquellos episodios que me parecen más significativos y que más nos pueden ayudar a entender la profunda transformación que ha experimentado España a lo largo de las últimas décadas. En la segunda parte, se trata de mirar hacia adelante, haciendo referencia a los retos que, con la llegada del nuevo milenio, deberá afrontar España como país.

      El 10 de diciembre de 1898, la firma del tratado de París, que sancionó la pérdida de las últimas colonias españolas en América y Asia (la de Cuba fue, sin duda, la más sentida) fue el aldabonazo que advirtió a los españoles de un cambio lamentable: el descenso de categoría en el ránking internacional, el tránsito de lo que un historiador actual ha llamado de gran imperio a simple nación.

      Un siglo más tarde, el 2 de mayo de 1998, por decisión del Consejo Europeo de jefes de Estado y de gobierno, en reunión extraordinaria en Bruselas, España fue admitida como miembro fundador de pleno derecho de la Unión Económica y Monetaria, el club del euro. Historiadores tiene la historia y a ellos corresponde encontrar una explicación plausible de la profunda transformación que ha experimentado España a lo largo de estos cien años.

      Desde la perspectiva española, los trabajos académicos más recientes ven en la pérdida de las colonias no tanto un "desastre" como una oportunidad de recuperar cierto realismo en nuestra vida política, de democratizar nuestras instituciones, de sanear nuestra hacienda pública, de modernizar, en definitiva, nuestro país.

      Y, sin embargo, lo cierto es que esa oportunidad no se aprovechó debidamente. El proceso de homologación a Europa no ha sido lineal, sino errático y ha estado lleno de retrocesos temporales dolorosos. Hay que destacar tres episodios que, desde un punto de vista económico, me parecen significativos: el de la autarquía entre 1940 y la mitad de los años 50; el de la apertura a partir de 1959; y el de la reconversión -especialmente industrial- ya en la década de los 80.

      La autarquía El año 1936 fue dramático en nuestra historia, pues se inició la guerra civil, y además, fue un momento en el que la situación económica de España, en términos de renta per cápita, era similar a la de Italia. Veinte años después, a mediados de los años 50, el nivel de producción de la economía española era todavía inferior al que se registró en 1936 y, lo que todavía es más significativo, nuestra renta había perdido 20 puntos, es decir, era un 20% inferior a la de los italianos.

      ¿Qué ocurrió durante esos 20 años? Pasaron muchas cosas, obviamente. España sufrió la guerra civil (1936-39), pero no olvidemos que los italianos intervinieron en la Segunda Guerra mundial (1941-45). Seguramente, estos dos episodios bélicos tuvieron una incidencia importante sobre la capacidad productiva de ambos países. Pero lo que me interesa enfatizar es la diferencia entre las políticas que siguieron en cada caso. En nuestro país, se implantó un régimen dictatorial que persiguió a los vencidos de la guerra y los expulsó de su tierra. Los países de América Latina, Cuba entre ellos, fueron puertos de destino, de calurosa acogida de nuestros exiliados. España sufrió una sangría dolorosa y costosa en lo que los economistas denominan capital humano. Y esa sangría se dejó notar en todos los ámbitos: el artístico, el económico, el social, etcétera.

      Aunque no sólo hubo esa pérdida, hubo más. El régimen franquista, fiel a su filosofía de cerrazón política, también optó por la cerrazón económica e instauró un sistema de autarquía absoluta. Todo lo que consumíamos lo debíamos producir, rompiendo así un principio básico económico, el de la especialización y el de la ventaja comparativa. Analizada en sus propios términos, la autarquía fue un éxito, pues, efectivamente, se redujeron las importaciones a la mínima expresión. A pesar de hallarse nuestra economía en una situación desesperada, España registró superávit de balanza de pagos durante muchos de esos años. El ejemplo más claro de este éxito aparente fue la capacidad de producir petróleo a partir de pizarras bituminosas, nunca antes en nuestra historia habíamos logrado semejante hazaña. Pero no lo habíamos logrado porque no nos lo habíamos propuesto. Y no nos lo habíamos propuesto porque sacar petróleo de las piazaras bituminosas tiene un coste exorbitante: como mínimo resultaba cuatro veces más caro que importar petróleo. Ésa es exactamente la lección que aprendimos de la autarquía: cerrarnos al exterior es una opción posible, pero tiene un coste económico (además de político, social y cultural) tremendo.

      En el caso español, además, el contraste resultaba muy marcado en la medida en que Italia, que partía de unos niveles de desarrollo similares a los de España a mediados de los años 30, y que también había sufrido los desastres -en su caso seguramente mayores- de una guerra, había optado por la apertura, tanto en el terreno político como en el económico. De este modo, Italia logró recuperarse con rapidez de los estragos causados por el conflicto bélico y, en pocos años, alcanzó los niveles de producción de preguerra y se distanció en términos de renta y bienestar respecto a España.

      La apertura de los años 60 La situación económica española llegó a ser insostenible, lo que obligó en 1959 a emprender un plan, primero, de estabilización de la economía y, luego, de apertura progresiva al exterior. Fue un plan impuesto por las dramáticas circunstancias económicas en el orden interno, por la presión internacional en el orden externo y en contra de la convicción política del régimen. Sea como fuere, el caso es que nuestro país se fue abriendo a Europa, y lo hizo con gran éxito. En pocos años nuestra renta per cápita se multiplicó varias veces y nuestro bienestar, que partía de niveles muy bajos, pudo acercarse al de los demás países europeos. Fueron los felices años 60.

      Con la perspectiva que otorga el tiempo, hay que decir que España tuvo muchísima suerte. La proximidad geográfica a Europa, unida al hecho de que nuestra apertura tuviese lugar en un momento de crecimiento extraordinario de las economías europeas, son, a mi entender, los factores clave que explican la buena marcha económica de España en la década de los 60. Los enormes flujos de inversión directa que, ávidos de una mano de obra barata y de unos mercados en franca expansión, llegaron a España durante esos años; los flujos masivos de emigrantes españoles a los demás países europeos, que aliviaron la situación del mercado de trabajo y que, a su vez, permitieron un retorno importantísimo en forma de remesas a las familias que se habían quedado en España; y, finalmente, los flujos de turistas que vinieron a nuestro país en busca de sol y playa, fueron las tres grandes fuentes de recursos, de divisas, que permitieron financiar, no sin algunos problemas, los déficit de la balanza de pagos necesarios para sacar a la economía española del paupérrimo estado en que había quedado tras 20 años de autarquía.

      No todo fueron alegrías, sin embargo. Nuestra apertura económica al exterior fue coja, al no poder ser completada con un proceso paralelo de integración política en las entonces llamadas Comunidades Europeas, que habían echado a andar ya a mediados de los años 50. Ésa era una aspiración colectiva del pueblo español que veía en la entrada en Europa una garantía de progreso en todos los frentes: político, económico, sociocultural� Hay que decir que este aislamiento institucional no fue por falta de voluntad política del régimen franquista. Antes al contrario, hubo repetidos intentos de adhesión, pero todos ellos fracasaron por el hecho de que la Comunidad Europea es, ante todo, un club de países democráticos, y España en los años 60 no cumplía el requisito fundamental.

      Existe una anécdota divertida sobre la petición de España para ingresar en la Comunidad Europea. Las autoridades de Bruselas, que querían evitar el conflicto político, prefirieron no responder antes que tener que denunciar abiertamente el régimen por falta de libertades. Al parecer, esta ausencia de respuesta de Bruselas llegó a justificarse desde la administración española, alegando que la carta que llevaba la solicitud no habría llegado a destino por falta de "franqueo". Algunos avispados, con acertada socarronería, argumentaban que el problema no era la falta sino el exceso de "franqueo". Ésa es otra de las lecciones que nuestra historia reciente nos ha enseñado: sólo desde un régimen democrático podemos aspirar a integrarnos con plenitud en la comunidad económica internacional.

      Crisis del petróleo y reestructuración económica La crisis del petróleo de los años 70 volvió a poner en evidencia, por varios motivos, las debilidades de la economía española. Por un lado, esa crisis coincidió con el cambio de régimen político. Es sabido que la transición española fue un éxito en términos políticos y sociales, pero también tuvo un coste económico enorme derivado de la necesidad de asegurar un tránsito no traumático hacia la democracia. Pero por otro, la crisis del petróleo sirvió para poner de manifiesto cuáles podían ser los límites de la intervención administrativa en el proceso económico. Además de en la negación de las libertades sindicales más básicas, el modelo de desarrollo franquista se había basado en mecanismos poco transparentes de la gestión de la economía, con una estricta tutela en la asignación de recursos desde el sector financiero al productivo, así como en la llamada planificiación indicativa, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial.

      España había hecho así, en los años 60, una apuesta a favor de determinados sectores -entonces denominados estratégicos, como la siderurgia o la construcción naval- que el tiempo demostró equivocada, pues fueron precisamente estos, muy intensivos en energía, los más afectados por el alza del precio del crudo. Hubo por ello que emprender un costosísimo proceso -tanto presupuestario como de aumento de la tasa de paro- de reestructuración y de liberalización de la economía que afectó a todos los mercados y sectores: desde los mercados financieros al mercado de trabajo, y desde el sector de la industria pesada a todos los sectores energéticos, pasando siempre por una reforma profundísima del papel del Estado en la economía, que pasó de tener un protagonismo principal a desempeñar un papel secundario, de acompañamiento del sector privado. Y, todo ello, se desarrolló en el marco de nuestra integración en la Comunidad Económica Europea en 1986, lo que sin duda fue un catalizador fundamental de todo este proceso de reforma.

      Un balance de la apuesta por la apertura Esta entrada en Europa a mediados de los años 80 representó, desde un punto de vista simbólico, el corolario de salida del proceso involucionista que habíamos iniciado con el "desastre" colonial. Desde un punto de vista fáctico, la integración convirtió en irreversible la apuesta por la apertura y por la modernidad que como país habíamos emprendido unas décadas antes.

      Los resultados de esta apuesta son hoy plenamente visibles. Si apenas hace 40 años, el peso del comercio exterior casi no alcanzaba el 10% del producto interior bruto, hoy ese porcentaje supera el 70%. España es en la actualidad una economía más abierta que Alemania, Francia, Reino Unido e incluso Italia. Como ya se ha apuntado, en paralelo a la apertura comercial, ha tenido lugar una importante mejora del nivel de vida de los ciudadanos españoles. Se ha pasado de una renta per cápita de 300 dólares en 1960 a más de 15.000 en 1997, lo que implica que en términos reales nuestro nivel de bienestar se ha multiplicado por más de cuatro.

      Las consecuencias de toda esta transformación han sido especialmente perceptibles en nuestra industria. Quiero resaltar, en primer lugar, que frente a algunos malos augurios -que pronosticaban la incapacidad de nuestras empresas para competir en un entorno abierto y temían, por tanto, su desaparición-, lo cierto es que la industria española no sólo ha sabido resistir los embates externos, sino que incluso se ha reforzado. Baste recordar que en la actualidad España es, según la OCDE, la séptima economía más industrializada a nivel mundial.

      Ello ha sido compatible, además, con un profundo proceso de transformación de la producción industrial, que cada vez se ha ido sofisticando más y ha incorporado un mayor nivel tecnológico. De basarse fundamentalmente en muebles, textiles o zapatos, nuestra producción industrial ha pasado a estar dominada por bienes que incorporan mucho más valor añadido, como el material de transporte, productos químicos, productos farmacéuticos, máquinas-herramienta, etcétera. No en vano, con más de dos millones de unidades al año, España es hoy en día el quinto productor de automóviles del mundo, únicamente superado por Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia.

      Todo este proceso de desarrollo ha venido acompañado de una mejora notable en la distribución de la renta. En efecto, sobre todo coincidiendo con la democratización del país, nos hemos dotado de un Estado de bienestar que ha redundado en un reparto más justo de los beneficios del crecimiento y, por tanto, en una mayor cohesión social. Aunque es mucho lo que todavía queda por hacer, lo cierto es que servicios básicos como la sanidad o la educación se han homologado a los niveles europeos y, además, ha mejorado de forma sustancial la cobertura de ciertas contingencias, como el desempleo o la jubilación.

      Pero, sin duda, la transformación más importante de España en los últimos años se ha dado en el ámbito de las mentalidades. Hemos aprendido a base de golpes, pero lo cierto es que la apertura económica ha hecho nuestras mentes más tolerantes y las ha sometido a un duro proceso de aprendizaje de libertad y de flexibilidad. Y en ese proceso no han faltado riesgos de involución; algunos, muy pocos, incluso lo intentaron. Pero las nuevas instituciones, al amparo de la monarquía del rey Juan Carlos I y de la Constitución de 1978, lo impidieron. Los españoles, la abrumadora mayoría de ellos, hemos aprendido una lección principal: el consenso, el entendimiento, el diálogo constituyen, a la larga, la mejor inversión.

      Mirando hacia adelante Dejando el pasado y reflexionando ahora sobre el futuro es indudable que la evolución fundamentalmente económica de España -que es en la que vengo centrando mi atención- estará condicionada por dos grandes hechos: la realización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y el proceso de globalización que afecta a las economías de todos los países del mundo.

      La UEM que empezará a funcionar a partir del 1 de enero de 1999 y que implicará la desaparición de las monedas nacionales y su sustitución por la moneda única, el euro, es, en términos cualitativos, el paso más importante jamás emprendido dentro del proceso de integración de Europa que, como ya he apuntado antes, se inició a finales de los años 50.

      La UEM tendrá profundas repercusiones sobre las economías de los países miembros. Por un lado, contribuirá a reforzar el mercado interior europeo, al hacerlo más transparente y aumentar el grado de competencia. Por otro lado, propiciará una convergencia de las políticas económicas, sobre todo de la política presupuestaria y de la política tributaria; todo ello, claro está, además de las implicaciones que se derivarán sobre la política monetaria y la política de tipo de cambio, que por definición serán comunes a todos los países.

      Tarde o temprano, estos cambios tendrán también consecuencias políticas. La unificación de los mercados y de las políticas económicas deberá desembocar, en algún momento, en notables cambios institucionales. Con toda seguridad, asistiremos en los próximos años a un profundo proceso de rediseño de las instituciones comunitarias para hacerlas no sólo más efectivas, sino también más transparantes y responsables ante la voluntad de los ciudadanos europeos. En este sentido, en línea con los objetivos que ya preveía el tratado de Roma de 1957 y que fue el acta fundacional de las Comunidades Europeas, la UEM es, de hecho, un paso más -muy importante en sí mismo- en el objetivo último de llegar a una verdadera unidad política.

      Pero no cabe duda de que los efectos de la UEM no se circunscriben exclusivamente al ámbito interno; a medio plazo también habrá importantes efectos externos. Así, al reforzarse la unidad política de Europa, se superarán debilidades pasadas para tratar de desempeñar un papel político más activo mundial. Pero además, desde un punto de vista meramente económico, con la puesta en marcha de la UEM, Europa pretende erigirse en una zona de referencia en términos de estabilidad monetaria; y ello debe permitir que, frente al monopolio actual del dólar, el euro se convierta en una alternativa efectiva como medio de pago en las operaciones comerciales, así como en una moneda de reserva sólida y segura que dé confianza a los ahorradores internacionales.

      Desde un punto de vista estrictamente español, no cabe duda de que la UEM tendrá implicaciones importantes, tanto políticas como económicas. En el terreno político, la entrada en la UEM desde el primer momento significa subirse a un tren que perdimos en su día y que para nosotros es garantía de progreso político, social y económico. Nuestra historia nos ha enseñado que hemos pagado un precio muy alto por pasadas veleidades aislacionistas que nos han separado de Europa, y no queremos que vuelva a suceder. Esto explica que, frente al escepticismo que prevalece en otros países, la opinión pública española sea abrumadoramente partidaria de nuestra integración en el euro.

      Pero además de estas consideraciones políticas, la UEM tiene para España especiales implicaciones económicas. Para nosotros, la UEM significa complementar la apuesta por la apertura que hicimos hace cuatro décadas con otra nueva apuesta: la de la estabilidad. En el pasado, la economía española ha crecido mucho, pero lo ha hecho con grandes altibajos debido a que no hemos sido capaces de controlar algunos desequilibrios básicos como el déficit público y la inflación, lo que ha acabado erosionando las cuentas exteriores y, en última instancia, ha obligado a devaluar de forma recurrente la peseta para recuperar la competitividad perdida. Con el euro, ya nunca más podremos ganar competitividad frente a los demás países miembros -que son nuestros socios comerciales más directos- por la vía de las devaluaciones, y ello nos obligará a un importante esfuerzo de disciplina y de seriedad (piénsese, por ejemplo, que en 1980, hace poco más de 15 años, la peseta se cambiaba a 40 unidades con el marco y hoy lo hace a más de 85).

      Pero a cambio de estos esfuerzos, la UEM ofrece a nuestro país, y especialmente a nuestras empresas, un entorno de estabilidad en el que poder actuar y desarrollarse plenamente. Frente a las grandes oscilaciones del pasado, con grandes épocas de euforia que iban acompañadas de profundas recesiones, con el euro podremos crecer de forma quizás no tan espectacular, pero sí más sostenida en el tiempo; y ello debe permitir que nuestros niveles de bienestar se homologuen definitivamente con los de nuestros vecinos más prósperos.

      La globalización Es interesante resaltar que la UEM, que pretende dotar de mayor estabilidad a nuestra economía, nace precisamente en un momento en el que las economías mundiales están experimentando un notabilísimo proceso de globalización que, de hecho, supone un aumento del grado de incertidumbre en que nos movemos. Por definición, la globalización implica un mayor número de protagonistas en presencia y, por tanto, un aumento de los factores condicionantes que en un momento dado nos pueden afectar sin que podamos controlarlos de forma directa. Ya en la actualidad, por ejemplo, los intereses que pagamos por una hipoteca o, incluso, el valor de nuestro patrimonio puede depender de forma significativa de sucesos que acaecen en países remotos que a veces ni conocemos.

      Este sentimiento de incertidumbre que acompaña al proceso de globalización se está viendo acentuado por dos fenómenos adicionales muy importantes. Por un lado, la aceleración del cambio tecnológico -que, de hecho, es uno de los motores de la globalización- que a menudo convierte en obsoletos muchos de nuestros conocimientos y capacidades y nos obliga a esfuerzos de adaptación y de formación. Y por otro -y aquí la globalización es más una causa que una consecuencia- también hay que tener en cuenta el fenómeno al que estamos asistiendo de redefinición del poder de los gobiernos frente a los mercados, del sector público frente al sector privado, de algo conocido y controlable a algo mucho menos definido y, por tanto, más incierto.

      Todo ello hace que, a menudo, el proceso de globalización sea visto con recelo, cuando no con rechazo. La globalización aparece como una amenaza, como algo a evitar. Y así oímos con frecuencia proclamas proteccionistas que nos advierten del peligro que corremos frente a los cambios que provienen del exterior.

      Quiero aquí romper una lanza a favor de la globalización, pues me parece un proceso muy sano, que nos ofrece a todos una posibilidad de mejora y de progreso, y que por tanto es más una oportunidad que una amenaza.

      Para empezar, aunque pueda parecer paradójico, la globalización ayuda a poner a todos los países en pie de igualdad, puesto que contribuye a diluir el poder que ciertos países, o de bloques de ellos, hayan podido tener en el pasado, neutralizando así esquemas de dependencia que tan nocivos han sido históricamente. Con la internacionalización de las economías y el progreso de la tecnología, las distancias geográficas se acortan, los mercados se amplían, las posibilidades de elección aumentan en consecuencia y las relaciones cautivas, por tanto, se debilitan. En el fondo, la globalización nos hace más libres puesto que permite elegir con absoluta independencia a nuestros socios comerciales, financieros e, incluso, políticos.

      Por otro lado, esa redefinición entre lo público y lo privado que la globalización está acelerando me parece que es muy saludable. A lo largo de los últimos años, en España y en el resto de Europa hemos descubierto -a veces de forma traumática- los límites que tiene el Estado como agente económico. Hoy, el desarrollo de los mercados y de las nuevas tecnologías hacen que, en general, el sector privado sea mucho más eficiente en la producción de bienes y servicios que históricamente había proveído el Estado. De ahí la necesidad de redefinir el papel de uno y otro.

      No se trata de una sustitución sin más, sino de encontrar un nuevo equilibrio entre lo público y lo privado. Y lo que estamos aprendiendo, fundamentalmente, es que el Estado debe concentrarse en un doble papel. Primero, asegurar un buen funcionamiento de los mercados, con igualdad de oportunidades para todas las empresas y con el máximo beneficio para los consumidores. Y, segundo, el Estado debe también desempeñar un papel importante en la distribución de la renta, diseñando mecanismos eficientes que, de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos, aseguren un reparto equitativo del crecimiento.

      En todo caso, y volviendo a los beneficios de la globalización, es indudable que estamos ante un fenómeno que nos pone en situación de competir con nuevos países y que nos obliga a hacer una enorme adaptación. Pero precisamente por ello, la globalización es una fuente de oportunidades, en la medida en que nos permite tener acceso a nuevos productos a precios más baratos y nos fuerza a especializarnos en la producción de aquellos bienes en los que nuestras empresas tengan una ventaja comparativa. Está claro que, a corto plazo y para determinados sectores, la globalización puede imponer ajustes traumáticos, pero desde la perspectiva agregada de un país, no hay duda de que acaba siendo una fuente de progreso y de creación de riqueza.

      España, América Latina y Cuba En este contexto, con la UEM por un lado y la globalización de la economía mundial por otro, como grandes condicionantes externos de nuestro desarrollo como país a corto y medio plazo, quiero finalizar con algunas reflexiones sobre la relación entre España y América Latina en general, y Cuba en particular.

      En contra de lo que a veces se oye, no existe ninguna contraposición entre nuestra apuesta por Europa y nuestro compromiso con América Latina. Al contrario, creo firmemente que la entrada en la UEM servirá para reforzar nuestra situación política y económica, y ello no puede si no fortalecer nuestra capacidad de diálogo y de actuación conjunta con los países latinoamericanos. Es más, es firme voluntad de España, como ha sucedido en el pasado extensamente, liderar el diálogo entre las dos riberas del Atlántico, contribuyendo así a reforzar las relaciones políticas y económicas entre ambas partes.

      Me parece necesario resaltar que hoy en día desde España tenemos verdaderamente algo que aportar al fortalecimiento de esa relación. En efecto, el proceso de apertura de nuestra economía en los últimos años se ha traducido en una creciente internacionalización de nuestras empresas, primero a través de una intensa actividad exportadora y, desde hace aproximadamente un decenio, a través de su implantación directa en el exterior: por primera vez España dispone de empresas con tamaño y capacidad suficiente para actuar más allá de nuestras fronteras. Ello ha hecho que en 1997 España haya sido un exportador neto de capitales directos: es decir, nuestras empresas han invertido más en el exterior que las empresas extranjeras en España (que ha sido mucho).

      Obviamente, esa inversión exterior de nuestras empresas ha tenido como destino importante Europa (y también el área del norte de África, el Magreb, donde hemos superado a Francia como primer inversor), pero en los últimos años se ha dirigido de forma preferente hacia América Latina. España es hoy el primer inversor extranjero en países como Argentina, Chile, Perú o Venezuela, y en grandes sectores como las telecomunicaciones, la energía o el sistema financiero, pero también en sectores productivos de bienes de consumo y de inversión. Aunque más concentrada en el sector turístico, la presencia de empresas españolas en Cuba también es importante.

      Creo, por tanto, que por primera vez en la historia reciente de España estamos en disposición de aportar a nuestras relaciones bilaterales algo más que palabras. Frente a la grandilocuencia y la vacuidad de políticas pretéritas que proclamaban la necesidad de "estrechar fraternalmente los lazos" entre América Latina y "la madre patria", la realidad económica actual de nuestro país permite que nuestras empresas estén efectivamente en disposición de hacer una contribución positiva al desarrollo mutuo y en beneficio de todos.

      Cuba ha ejercido siempre una fascinación especial en España. Y ello, no sólo porque fue la última colonia que se perdió, sino, sobre todo, porque hasta 1898 y también después de esa fecha, ha sido puerto de destino y de acogida de una masiva emigración española.

      De los 530.000 soldados que España llevó a Cuba entre 1868 y 1898 (el mayor ejército que cruzara el Atlántico hasta la Segunda Guerra mundial, aproximadamente unos 200.000 se quedaron en la isla una vez terminada la guerra.

      La anécdota, la cuenta un gran historiador cubano en su último libro sobre la historia de Cuba y España; es la anécdota de un emigrante asturiano que tenía una tienda en La Habana llamada "El 2 de Mayo" en memoria de los acontecimientos patrióticos de 1808. Cuando acabó la guerra de la independencia de Cuba y se aprobó la nueva Constitución de la república antillana el 20 de mayo de 1902, aquel patriota español cambió el rótulo de su comercio y se limitó a poner un cero detrás del 2, esto es, "El 2 de Mayo" pasó a llamarse "El 20 de Mayo", aquel asturiano era también un patriota cubano.

      No tengo duda de que desde esta identificación entre nuestros dos pueblos y con el esfuerzo de todos, gobiernos y empresas, seremos capaces de dotar, todavía más, de mayor contenido y efectividad a las relaciones entre nuestros dos países.


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