La educación, la salud y la protección son los derechos más conocidos y respetados por los adultos, pero existe un claro déficit en relación con los derechos relacionados con el ejercicio de la participación y la expresión. El conocimiento de los derechos de expresión y participación de la infancia se da más entre los políticos y educadores sociales que entre los padres y profesores, lo que sería un indicador de una carencia grave de políticas institucionales y culturales. Las políticas de familia refuerzan la institución familiar y, por consiguiente, pueden incluir a los niños sin darles protagonismo. Por el contrario, las políticas específicamente dirigidas a la infancia y adolescencia favorecen el proceso de autonomización y responsabilización en el desarrollo de los niños y jóvenes.
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