El reconocimiento estatutario de competencias migratorias a favor de las Comunidades Autónomas, las posibilidades de descoordinación en materia de autorizaciones de trabajo y residencia, las nuevas y desiguales regulaciones estatutarias de los derechos de las personas según su lugar de residencia, la realidad fronteriza y las exigencias del espacio Schengen, crean un nuevo escenario legislativo en España y, en particular, en Andalucía, cuya política migratoria en el caso de los menores extranjeros, aún por definir, necesita incardinarse en un sistema garantista y bien financiado de asistencia jurídica y de relaciones intergubernamentales.
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