En la actualidad una de las mayores preocupaciones de los consumidores es la seguridad alimentaria. En este sentido y para responder a una crisis o amenaza fitosanitaria, de cualquier naturaleza, es fundamental disponer de la capacidad suficiente para identificar el origen de ésta y así poder aplicar las medidas correctoras correspondientes. En este contexto, la trazabilidad, o sea, la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un producto a través de todas las etapas de cultivo y/o producción, transformación y distribución, es hoy día una imposición legal a las empresas, sirviendo como ejemplos la Ley del Bioterrorismo de EE UU o el Reglamento Europeo 178/2002.
Pero la trazabilidad, además de ser una imposición legal, también es una herramienta que permite a las empresas mejorar la seguridad, controlar la calidad, combatir el fraude y facilitar el manejo de cadenas logísticas complejas. El sistema de trazabilidad de una empresa debe ser eficiente, fiable y además debe responder a las demandas de información con precisión.
La implantación de sistemas de trazabilidad implica, en la mayoría de los casos, la incorporación de nuevas tecnologías de información que posibiliten el registro fiable de los datos relativos al proceso productivo y su transmisión a los siguientes eslabones de la cadena alimentaria.
Para el sector de frutas y hortalizas almeriense, de marcada vocación exportadora y sometido a una fuerte competencia con productos de otras procedencias, la trazabilidad se ha convertido en una exigencia de las grandes cadenas de distribución y una condición sin la cual es difícil el mantenimiento de nuestra presencia en los mercados.
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