Manuel Joaquín Salamanca López
La implantación en Madrid del estatuto de la nobleza (1603), y su correspondiente ratificación de 1638, supuso que, progresivamente y llegado el siglo XVIII, el Concejo estuviese controlado por una oligarquía de carácter nobiliario. Además, se establecieron una serie de mecanismos encaminados a regular el acceso a las regidurías, conforme a un conjunto de requisitos que todo pretendiente debía reunir. Para ello, el aspirante tenía que someterse a una serie de pruebas, que se comenzaron a utilizar en Madrid hacia 1608, con el único fin de esclarecer su procedencia social. Todas estas acciones cristalizarían en un procedimiento tipo, que ha llegado, más o menos completo, hasta nuestros días en forma de expediente
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