El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la atención a la dependencia

• Autores: Pilar Rodríguez Rodríguez
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 87, 2006
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los objetivos que se pretenden con este informe, una vez tomada la decisión política de debatir y aprobar una Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, son: analizar los paradigmas de intervención que se están aplicando en España, ponerlos en relación con las necesidades reales que presentan tanto las personas que están en riesgo o en situación de dependencia como sus familias cuidadoras y definir un modelo para la resolución de las mismas que tiene un enfoque transversal de género y se fundamenta en el conocimiento científico producido. En consonancia con ello, a lo largo de este trabajo se ofrece un conjunto de propuestas que se pretende contribuya a alumbrar un nuevo debate: ¿cuál es el modelo de intervención más adecuado para responder a tales necesidades?, ¿qué cambios habría que introducir en nuestros sistemas de protección social, especialmente de servicios sociales, para que el mismo pueda llevarse a cabo? Las líneas básicas del modelo que se sugiere son las siguientes: o Los destinatarios de la intervención deben ser tanto las personas afectadas por riesgo o situación de dependencia como quienes se ocupan de su atención (familiares u otros allegados); los objetivos que se diseñen en cada caso han de contemplar simultáneamente la promoción de la autonomía y la prevención y atención de la dependencia; las intervenciones se sustentarán en el paradigma de la calidad de vida, que pone en el centro de la atención a las personas y el respeto a sus derechos; la actual estructura y composición de la red de recursos debe modificarse para favorecer la existencia de suficientes servicios de proximidad que permitan hacer efectivos los lemas de "vida independiente" y "envejecer en casa". El abordaje de las respuestas a la dependencia ha de ser integral. Para ello se sugiere la elaboración de un Plan en el que se recoja la intervención de todos los ámbitos de la protección social relacionados: las medidas de carácter preventivo deben incluirse inexcusablemente por su probada eficacia; ha de perfeccionarse la atención del sistema sanitario mediante el desarrollo legislativo de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad, y la extensión de la asistencia geriátrica; se recogerán los cambios pertinentes en el Sistema de Seguridad Social; se incluirán actuaciones en materia de accesibilidad, ayudas técnicas, nuevas tecnologías y aquellas que afectan a la política de vivienda; se contemplarán medidas para fortalecer, extender y reestructurar la red de dispositivos de los servicios sociales. o En cuanto a éstos, se recomienda que, además del desarrollo en cantidad, variedad y calidad de los recursos de atención que propiciará la nueva Ley, se les dote de flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada caso. En lo que atañe a los servicios de ayuda a domicilio, que son los que han de ser impulsados en mayor medida, debe producirse una ampliación de los servicios que ofrecen y una reorientación de los mismos para contemplar los apoyos en el entorno y la asistencia personal. Los centros de día y otros recursos intermedios han de ajustar sus objetivos y prestaciones a la diversidad de situaciones que atender. También se recomienda la inclusión sistemática de programas y servicios dirigidos directamente a las familias, hoy prácticamente inexistentes. En cuanto a los alojamientos y residencias, se propone realizar una revisión crítica y profunda del modelo predominante para mejorar su calidad, producir innovación y una mayor diversificación en la oferta que permita la capacidad de elección. o La necesidad de garantizar la continuidad de cuidados y la coordinación sociosanitaria, principios reconocidos como esenciales por la literatura científica, obliga a que en el modelo se incorporen vías estables de coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales y que se desarrolle, para aquellos casos de especial complejidad de la atención, la figura del gestor de casos o del profesional de referencia. o Finalmente, se realizan una serie de propuestas relacionadas con los cambios conceptuales, estructurales y organizativos que llevaría implícita la adecuación de los dispositivos de atención social a un modelo racional de intervención fundamentado en la evidencia científica. Como propuestas de mayor relieve, se plantean, por un parte, que toda la red de recursos de atención -incluidos los alojamientos- se descentralice en entornos de proximidad, que las intervenciones (siempre con enfoque comunitario) sean especializadas y que su gestión, al final del proceso, se realice por la Administración local. Por otra parte, que se valore la conveniencia y oportunidad de elaborar, previo consenso interadministrativo, político y de los movimientos sociales, una Ley estatal básica de Servicios Sociales, como vía óptima para asegurar el principio constitucional de igualdad para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de su residencia, y para fijar las bases comunes de sus prestaciones.