Los datos y la inteligencia artificial están jugando un papel decisivo en la consecución de los fines públicos, incluidos los redistributivos, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho, y pueden constituir un elemento clave para lograr el interés concreto de luchar contra la evasión fiscal. Este interés lógicamente, es de suma importancia, ya que es un instrumento para la consecución de otros fines públicos.
En el avance de la digitalización de la Administración pública para explotar las potencialidades derivadas de la inteligencia artificial, es comprensible que, en la actualidad, sea precisamente la Administración tributaria la que, en varios ordenamientos jurídicos, parece estar más ¿preparada¿ para aprovechar tales potencialidades positivas. No obstante, lo anterior nos obliga a reflexionar sobre su utilización proporcionada y a valorar si es necesario o no adoptar una ponderación más adecuada entre los intereses en juego, esto es, entre la protección de la confidencialidad y de los datos personales, de un lado, y la necesidad ¿ potencialmente conflictiva ¿ de luchar contra la evasión fiscal, de otro.
Estamos ante una materia a la que no se ha prestado especial atención por parte de la doctrina italiana, pero en la que sí se ha profundizado en otros ordenamientos jurídicos europeos. No obstante, la cuestión es de extrema y creciente actualidad, también a nivel nacional, a la luz de las recientes acciones legislativas adoptadas para hacer frente a la persistente crisis económico-pandémica. Estas últimas, sin embargo, no parecen tener adecuadamente en cuenta los riesgos que presenta la búsqueda del ¿mero¿ interés fiscal en los derechos fundamentales de los contribuyentes.
El objetivo recae en evaluar si la ¿explotación¿ de los datos a través de esas nuevas ¿tecnologías¿ puede dar lugar a una verdadera igualdad y, por ende, a una correcta identificación de la capacidad económica de cada contribuyente para un mejor cumplimiento de los objetivos redistributivos. Por lo tanto, los interrogantes que se plantean son: ¿puede el uso de datos y la inteligencia artificial conducir a una mejor consecución de los objetivos de la igualdad sustantiva? Y, en concreto, ¿puede conducir a una definición más adecuada de la capacidad económica que, en términos solidarios, esté orientada a lograr objetivos redistributivos? Para dar respuesta a estas cuestiones, el trabajo realiza un análisis normativo, doctrinal y comparado, además de un estudio jurisprudencial, fundamentalmente basado en las decisiones del Garante de la protección de datos personales italiano, pero también, aunque en menor medida, de los pronunciamientos de los tribunales internos y extranjeros, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, se toman en consideración las aportaciones doctrinales relativas a las instituciones jurídicas preexistentes, tanto para llevar a cabo un juicio de proporcionalidad sobre las nuevas medidas dirigidas al uso de la inteligencia artificial por parte de la Administración tributaria como para plantear propuestas de lege ferenda.
I dati e l’intelligenza artificiale stanno giocando un ruolo decisivo nell’ambito del perseguimento delle finalità pubblicistiche e sembrano poter costituire un elemento chiave per raggiungere uno specifico interesse: il contrasto all’evasione fiscale per ilmiglior conseguimento delle finalità, anche redistributive, proprie di uno stato sociale di diritto; finalità che, comprensibilmente, è di primario rilievo, poiché strumentale al perseguimento delle altre finalità pubblicistiche. La ricerca svolta ha dovuto necessariamente tenere in considerazione il dirompente impatto della situazione pandemica e il conseguente contesto economico, sul quale sta impattando anche la più recente “crisi energetica”, nel quale sta emergendo con veemenza la necessità di non comprimere i diritti sociali, come viceversa accaduto nel corso della precedente crisi economico-finanziaria, motivo per il quale sta prendendo forma l’idea di poter intraprendere una più efficace ed efficiente attività di contrasto all’evasione al fine di condurre ad un aumento del gettito, così contribuendo ad “allontanare” il rischio di dover ricorrere ad un incremento della pressione fiscale.Ed allora si comprende perché, ad oggi, nel generale contesto volto a potenziare la digitalizzazione della pubblica amministrazione al fine di renderla “pronta” a sfruttare le potenzialità derivanti dall’intelligenza artificiale, proprio l’Amministrazione finanziaria, in diversi ordinamenti, appare quella più “pronta” a poter sfruttare tali potenzialità positive, ma il relativo utilizzo impone di dover riflettere sulla proporzionalità del relativo utilizzo, al fine di valutare se sia o meno necessario adottare un più ponderato bilanciamento di interessi tra la tutela della riservatezza e dei dati personali e le – potenzialmente contrapposte – esigenze di contrasto all’evasione fiscale...
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