El derecho de los ciudadanos a acceder en lengua castellana a la información pública en el marco del multiparlamentarismo autonómico
- Autores: Ainhoa Uribe Otalora
- Directores de la Tesis: Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2019
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Ángel José Sánchez Navarro (presid.), María Isabel Serrano Maíllo (secret.), María Isabel Martín de Llano (voc.), Marcelino Oreja Aguirre (voc.), Manuel Martínez Sospedra (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
- Resumen
La Constitución española establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado, al tiempo que reconoce la existencia de un plurilingüismo. Sin embargo, la hipótesis de trabajo de la investigación radica en el hecho de que existen territorios donde los ciudadanos se enfrentan a una situación desigual a la hora de emplear el castellano como lengua vehicular.
La tesis pivota sobre un estudio de caso del acceso, en lengua castellana, a la información pública de los parlamentos autonómicos, durante el período 2017-2018. El marco jurídico de referencia lo compone: el artículo 3 CE, sobre la oficialidad de la lengua castellana; y el artículo 9 CE, que obliga a los poderes públicos a publicar las normas (lo que supone publicarlas también en la lengua castellana o ¿español¿), al tiempo que el principio de publicidad se ha visto reforzado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y por las leyes de transparencia autonómicas, que regulan el acceso de los ciudadanos a la información pública. Dicho acceso a la documentación pública debe hacerse en la lengua oficial, así como en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, sin que pueda darse discriminación alguna respecto a la lengua castellana.
La tesis analiza el grado de acceso en lengua castellana a los documentos que publican en su página web los distintos parlamentos autonómicos, sean de naturaleza legal, política, económica o de otro tipo. En consecuencia, la tesis desarrolla un estudio de caso, centrado en las seis Cámaras autonómicas con lenguas cooficiales, para verificar el grado de cumplimiento del artículo 3 CE, el artículo 9 CE, y el artículo 12 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los casos objeto de análisis son los siguientes: 1) El Parlamento Vasco (Eusko Legebiltzarra); 2) el Parlamento Navarro (Nafarroako Parlamentua); 3) el Parlamento Catalán (Parlament de Catalunya); 4) el Parlamento Valenciano (Corts Valencianes); 5) el Parlamento de Baleares (Parlament de les Illes Balears); y 6) el Parlamento Gallego (Parlamento de Galicia). La información analizada en las webs de los parlamentos autonómicos se ha clasificado en torno a cuatro categorías: 1) Información institucional; 2) Normativa; 3) Contratos, subvenciones y bienes inmuebles; y 4) Presupuestos, fiscalización e informes. El análisis empírico parte de una perspectiva sincrónica, al realizarse en dos períodos: 2017 y 2018, ya que no se esperan cambios significativos a lo largo de la legislatura, en lo que a acceso a la información pública en castellano se refiere.
Las conclusiones de la tesis dibujan un panorama de desigualdad en el acceso a la información pública en castellano. Catalunya, Galicia y les Illes Balears serían los territorios donde más se vulnerarían los derechos de los ciudadanos. Esta situación es aún más grave si la desigualdad procede de los poderes públicos. En el caso analizado, la vulneración obedece no tanto al color político del partido político dominante en la Cámara Autonómica (como reza la subhipótesis 1), sino al volumen de hablantes de la lengua cooficial (subhipótesis 2). De modo que en los territorios donde la lengua cooficial cuenta con más hablantes (es el caso de la lengua catalana en Cataluña y Baleares, y del gallego en Galicia), es más difícil el acceso en castellano a la información pública. Mientras en el País Vasco y la Comunidad Valenciana, se respetarían el art. 3 CE y art. 9 CE, dado que el volumen de castellano-hablantes es muy relevante. A la vista de dichas conclusiones, el objetivo último de la presente investigación es abordar una propuesta de lege ferenda que permita fortalecer y hacer cumplir el mandato constitucional, en lo que al deber y derecho del uso del castellano se refiere. De este modo, la tesis defiende la aprobación de una Ley Orgánica de defensa, protección y promoción del castellano.
