Resumen de Transparencia administrativa, acceso a la información y protección de datos personales: criterios para una conciliación de Derechos desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Hablar de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, continúa al día de hoy avivando las pasiones de una relación de difícil conciliación. Cómo se encuentra el equilibrio entre publicidad y privacidad, entre acceso a la información y protección de los datos personales, es el objeto de este trabajo, que tiene como fin analizar las soluciones que se han dado este tema en el Derecho de la Unión Europea (UE) a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como la respuesta que ha pretendido otorgar el legislador español a esta problemática en el ámbito doméstico a través de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG).
Para estos efectos, el estudio tiene en consideración la jurisprudencia relacionada con la protección de datos personales que ha dictado hasta el momento el TJUE y que ha sido posteriormente incorporada en el Reglamento General de Protección de Datos, que viene a suponer un cambio en el paradigma de la protección de datos personales, hasta ahora regido por la Directiva 95/46 y que sin duda afecta la relación de la protección de los datos personales con la transparencia administrativa y el derecho de acceso a los documentos.
También se ha tomado en consideración tanto la normativa comunitaria como española en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Para el caso español, se ha optado por un análisis desde la regulación introducida por la LTAIBG, que específicamente contempla una excepción al acceso a la información en razón de la protección de datos de carácter personal.
Adicionalmente, el tema se abordará desde la jurisprudencia específica del TJUE en materia de acceso a los documentos y protección de datos en la UE, así como desde las resoluciones administrativas que a la fecha han emitido tanto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como la Agencia Española de Protección de Datos en la resolución de casos en los que han tenido que aplicar la excepción de protección de datos prevista por el legislador español en la LTAIBG.
