Resumen de Políticas públicas contra a violência gênero no Brasil e na Espanha entre 2013 e 2015 com enfoque em direitos humanos
RESUMEN DE LA TESIS En el primer capítulo de la tesis, “La violencia de género como violación de los derechos humanos”, hemos hecho referencia sobre lo largo, arduo y nada linear camino que han hecho los Derechos Humanos. Estos Derechos están en constante formación y adaptación a la realidad y a las dificultades para hacerse reales y eficaces. Tienen su punto de partida en la transnacionalidad, que sobrepasa los intereses económicos, financieros, jurídicos, entre otros, para llegar a un punto máximo, donde encontraremos al ser humano como detentor de derechos por el simple hecho de serlo.
Para poder llegar este ideal, es necesario el compromiso de los Estados con los organismos internacionales, en especial con la Organización de las Naciones Unidas, con fin de que sean efectivos y jurídicamente protegidos: que vidas sean preservadas y respetadas y que la dignidad humana no sea una cuestión de valores culturales relativizados por intereses. Se trata de hacer cumplir un tratado contra el miedo que, desde 1948, fecha clave para el reconocimiento de los Derechos Humanos, busca cerrar un ciclo de guerras brutales y traer a la luz otro sentimiento: la esperanza.
Desde entonces, y a pesar de las carencias de concretizaciones y de garantías de los Derechos Humanos por parte de los Estados, en mayor o menor medida, es necesario reconocer el largo camino que han recorrido, como escriben Menke y Pollmann:
Se puede decir sin exagerar que en la actualidad los derechos humanos se han convertido en la idea política fundamental por excelencia y válida a nivel mundial. La idea de los derechos humanos es “fundamental por excelencia” porque, según la comprensión corriente, proporciona los estándares mínimos para que la situación legal, política, social o económica de las personas sea considerada como aceptable o como mínimo se pueda tolerar. Una institución, un modo de actuar o una situación social que vulnere los derechos humanos está inmediatamente deslegitimada por ello.
Esto porque los Derechos Humanos tienen como característica la transnacionalidad, especialmente a través del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, del Sistema Europeo y del Sistema Interamericano, de los cuales hacen parte España y Brasil, respectivamente. No obstante, España forma parte de la Unión Europea que tiene una importante actuación para consolidar estos Derechos, contrario a Brasil que hace parte del Mercosur, que poco hace en este sentido.
Una cuestión fundamental a cerca de los Derechos Humanos es que están integrados en las diversas culturas y en sus legislaciones a diferentes escalas y en tiempos distintos, en especial los derechos de las mujeres, que encuentran obstáculos de difícil elaboración. Para que los derechos de las mujeres sean consagrados y respetados el punto de partida y de llegada tiene que ser la igualdad.
En especial, en lo que se refiere al reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, es considerada un marco histórico, con la firma de 185 Estados. Con esta firma, los Estados se comprometen a desarrollar la protección de los derechos en ella consagrados y la complementación de estos derechos a través de medidas especiales, o sea, la adopción de medidas de discriminación positiva. Pero, como escribe Piovesan , “enfrenta el paradigma de ser un instrumento que ha recibido el mayor número de reservas formuladas por los Estados entre los tratados internacionales de derechos humanos”. En este sentido Osborne apunta que, “poco a poco, los aspectos relativos a la violencia contra las mujeres fueron tomados en serio por los Estados y por los organismos internacionales”.
Fue apenas en 1993, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, realizada en Viena, que ocurrió el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres como parte “inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos Universales y por tanto incompatibles con la violencia que se ejerce contra éstas” . En esto mismo año fue aprobada la Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas donde, conforme Osborne:
Sólo a partir de entonces se empieza a reconocer que también los estados son responsables de las violaciones de derechos humanos “de puertas adentro”. Hasta este momento se habían desentendido por completo de todo lo que fueran violaciones, abusos sexuales, malos tratos o mutilación genital femenina.
Domínguez Matés sobre la referida Declaración dice que “fue el primer instrumento jurídico internacional de derechos humanos en el que se trata de forma exclusiva y concreta el tema de la violencia contra la mujer”.
Otro importante paso de las organizaciones internacionales en torno al tema de la violencia de género ha sido, de acuerdo con Osborne la “famosa Conferencia de Pekín” que “trató de dar un paso más al afirmar que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, tanto en la vida pública como en la privada, constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres”. Dando seguimiento a este trabajo, en 1996, un informe especial de las Naciones Unidas “consideraba que la violencia doméstica es asimilable a la tortura y debe ser legalmente penalizada”.
O sea, la transnacionalidad ha proporcionado la base de los derechos de las mujeres, especialmente los de violencia de género, que hasta entonces estaban relegados a lo privado y, de cierta forma, tolerados, silenciados e invisibles.
En este punto es importante cuestionar las denominaciones respecto a la violencia de género, violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, ya que no tan solo vincula el nombre, como también funciones legales y políticas públicas. Como por ejemplo, el término violencia doméstica, desde una perspectiva de género, “es el más pernicioso de todos porque es el que más información oculta. (…) Difumina aspectos tan esenciales como son el objeto, el sujeto o el objetivo final de esa violencia. La expresión anuncia también el modelo social de intervención que se propone” , además de hacer referencia a lo espacio privado y “oscurece también la cuestión de que la maltratada no lo está siendo por ser madre, novia, esposa o hija sino por ser mujer”.
Distintamente, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un supuesto poder del hombre sobre la mujer que “engloba el conjunto de pautas culturales, sociales, religiosas, educacionales, etc., que sitúan a las mujeres, únicamente por el hecho de ser mujer, en una posición de inferioridad en relación con los hombres” . El efecto de la desigualdad produce un mayor y real riesgo de que la mujer sea objeto de diferentes tipos de violencia, “como consecuencia de esa inmediata estructura social patriarcal en la que el reparto de roles no es equitativo para ambos sexos” .
El estereotipo y la función social de la mujer, que han sido creados y consolidados como verdaderos, estaba conectado con la invisibilidad y el silencio en torno de la violencia contra la mujer: la violencia silenciosa que, sistemáticamente, sufrían y temían y que, lamentablemente, aún sufren y temen.
De acuerdo con Osborne , el amor tiene un poderoso papel “que configura las relaciones de género, al fin y cabo protagonistas principales”. Dentro de un contexto donde se construye la desigualdad juegan, también, papeles importantes “la familia, la heterosexualidad, los mandatos de género, la división del trabajo por sexo y los discursos desde las instituciones, la ciencia y la cultura”. La suma de todos ellos, según la autora, origina los papeles y pautas de conducta diferentes entre las mujeres y los hombres, socializados de forma diferenciada.
Como escribe Díaz Freire , “la dimensión cognitiva de las emociones (...) (es) una instancia que circula entre los seres humanos y el mundo dando significado y constituyendo tanto a los unos como al otro”. Esas experiencias pueden ser nefastas, destructivas, basadas en miedo, control y poder. Algunas pueden ser difíciles de reconocer como una violencia debido a la normalización social con que se acepta, como parte de la experiencia, de la relación, de la función del hombre, por ser hombre, y de la mujer, por ser mujer.
Muchas son las definiciones sobre los tipos de violencia del género. Sin embargo, para que un tipo de violencia jurídicamente positivada en algunos países no sea algo banal en otros, los instrumentos internacionales buscan definir qué y cuáles son, es decir, transnacionalmente tipificadas.
Importa señalar aquí, especialmente, los tipos previstos en las legislaciones del Brasil y de España. La Ley Maria da Penha prevé como crímenes contra la mujer la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y moral, practicadas juntas o individualmente, mientras la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prevé la violencia física y la psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de la libertad.
Sin olvidar, dentro de tanta teoría, que hablamos de experiencias entre seres humanos que tienen nombre, sentimientos, historias y vidas, o, en las palabras de Díaz Freire : “una vez borrada (del pensamiento) la última huella emocional, sólo resta del pensar la tautología absoluta”.
Si hablamos de experiencias es fundamental preguntarnos otra cuestión que mucho se discute: la búsqueda del porqué los hombres cometen actos de violencia contra las mujeres. Hay que ser cauteloso de no caer en la tentación de responder este porqué con una justificación: estaba bajo el efecto del alcohol o de drogas, tiene problemas psicológicos, fue provocado, fue en “defensa del honor”. Lorente Acosta escribe que “en ningún otro tema la conducta del agresor recibe tantas justificaciones y él tanta comprensión, en ningún otro delito se responsabiliza tan a menudo la propia víctima” .
A pesar de las supuestas justificaciones, lo que se encuentra es una pared delante: no llevan a ningún lugar, ni a ninguna lógica, ya que se trata de millares de hombres violentos que tienen estilos de vida diversos, con educación diferente, con estructuras psíquicas y valores diferentes – o sea, lo que tienen en común es que cometen violencia de género. Además de, y a pesar de, las razones personales que llevan un hombre a ser agresivo y violento, lo que tenemos presente en la violencia de género es que este comportamiento puede ser – y muchas veces es – estimulado o ignorado, como si no tuviera importancia, banalizado, por una sociedad que, muchas veces, aún acepta como normal que un hombre sea violento con una mujer por el hecho de ella ser mujer.
Si todo comportamiento violento fuera inmediatamente condenado moral y jurídicamente, el resultado de ese gran problema sería diferente, posiblemente no se habría convertido en un problema de tamaña dimensión, como es el caso de otros comportamientos agresivos que la sociedad no acepta y ante los cuáles actúa con rigor para sancionar y eliminar el riesgo que ellos representan para la sociedad.
Hannah Arendt cuando escribió sobre la banalidad del mal ha sido extremamente criticada. Quién sabe porqué destapó una realidad que no deseaba ser vista: el mundo quería creer que quien practica el mal es un monstruo que puede ser reconocido fácilmente y de quién todos pueden quedarse lejos. Pero Hannah dice justo lo contrario: el mal está en cualquier lugar y en cualquier persona aparentemente “normal”, cualquiera puede ser un monstruo.
Cuando el “monstruo” sin cara actúa, cuando la mujer es maltratada, violada, humillada aparece la pregunta: ¿Cuánto vale la dignidad? La respuesta lleva a un derecho de cada una de ellas: una indemnización a las mujeres que han sufrido la violencia del género. Ese derecho ha sido impulsado por normativas internacionales, o sea, por la transnacionalidad de los Derechos Humanos de las Mujeres. No obstante, encuentra algunas dificultades de ser determinado por los órganos judiciarios, aún con la solicitud en el proceso.
La indemnización busca reparar los daños y tiene también un carácter punitivo con “um inequívoco sabor de pena, de represália pelo mal injusto” . La gran cuestión es el valor de la indemnización, por ser materia discrecional, pasa a ser definida por un juez que representa lo que el Estado y la sociedad entienden por un “valor justo”, o el “cuánto cuesta” ser un hombre agresor – o sea, tal valor resaltará lo que es extremamente condenable y lo que es más o menos tolerable. Fernandes y Resende destacan que, “de qualquer modo, é evidente que nunca atingiremos a perfeita equivalência entre a lesão e a indenização, por mais apurada e justa que seja a avaliação do magistrado”.
Esto porque, cuando una mujer pasa por una situación de violencia algo cambia dentro de ella: como se relaciona, como mira el mundo, como vuelve a amar – y a quien amará. Es un reinventarse, una reconstrucción. Para esto es fundamental todo el apoyo de un Estado debida y humanamente preparado para atender y acoger a la mujer que está o estuvo en una situación de violencia de género. “A resiliência e o “empoderamento” também o são – o reforço à sua dignidade, à sua autoestima, a compreensão de quão valiosa ela é” .
En la segunda parte de la tesis, pasamos a verificar como Brasil y España han cambiado sus ordenamientos jurídicos, considerando toda presión externa a que estaban sometidos, tanto por los organismos internacionales, como por la Organización de las Naciones Unidas, los sistemas regionales, el Interamericano y el Europeo, o Unión Europea, en el caso de España, así como por los movimientos de mujeres, internamente. En resumen, como escribe Rinaldi , “não há como menosprezar o valor dos diálogos entre o Governo Federal, as agências internacionais e os movimentos sociais em sua trajetória”. Pero no se trata solo de cambios jurídicos, que venían, en principio, a pequeños pasos y enfrentaban una fervorosa resistencia: es un cambio amplio, multidisciplinar, político, cultural, jurídico etc. Se trata de reeducar, de sensibilizar, de prevenir, de deshacer un paradigma social, encontrar eficacia jurídica, detención precoz, apoyo asistencial, protección material, resultados sociales y respuesta política. Además, se trata de vidas y de sentimientos, de cambiar el miedo por la esperanza y la esperanza por la certeza de justicia.
Es especialmente importante que las Leyes no son solamente un gran avance legislativo de protección a la mujer víctima de la violencia del género: ha sido un paso decisivo que marca el final de una era de injusticias para empezar otra era donde la igualdad y el respecto son obligaciones y no opciones.
Cabe resaltar que el jurídico tiene un papel fundamental en la reprensión de la violencia del género además del papel de reeducación social “pois o direito verdadeiro é o elemento compatibilizador da expectativa social (...) constitui uma forma de expressão socialmente perceptível dos sentimentos, processos, valores e condutas de viabilização da vida social” . Para cumplir ese papel las Leyes dotaron al poder jurídico con una estructura organizacional propia, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Maria da Penha son una victoria para las mujeres que han sido víctimas, para las que son y/o podrían ser y no lo serán. Esa es la gran victoria: la formación de una consciencia de relaciones basadas en la igualdad, en el respeto a la dignidad humana y en la integridad física y psíquica.
El estereotipo de mujer sumisa, frágil y dependiente, maculado por leyes y por sociedades que lo hicieron legítimo, ya no encuentra más respaldo. Los hombres que maltratan, que abusan, que torturan las mujeres deben ser y serán sancionados, hasta el momento que dejen de existir. En este momento histórico se está poniendo límite al “poder” del hombre, “poder” por el simples hecho de ser hombre.
En la tercera parte de la tesis nos adentramos en las políticas públicas. Para llegar al objetivo de consolidar la igualdad vale citar a Castells que, en la introducción del libro “Perspectivas feministas en teoría política”, escribe que cuando las leyes anuncian lo mismo para todas las personas “son ciegas” a las diferencias tanto individuales como de los grupos y tienen como consecuencia no cumplir sus objetivos, “aun pretendiéndolo, a las personas relegadas a la esfera privada, en especial a las mujeres”. La perspectiva del género en la política pública tiene la intención de lograr su objetivo – que es la igualdad – con instrumentos propios, y, con ello resolver el lamentable problema de la violencia de género.
Las políticas públicas, tienen una función primordial en la consolidación de la igualdad, a través de las instituciones, normas y modelos que dirigen sus decisiones, elaboraciones, implementaciones, evaluaciones y verificación de los resultados. Souza escribe, acertadamente, que “diseñar políticas públicas capaces de impulsar el desarrollo económico y de promover la inclusión social (...) no son fáciles ni claras o consensuales. Ellas depende de muchos factores externos e internos” .
Especialmente en lo que se refiere a la igualdad, los factores externos chocan y se enfrentan intereses de dos fuentes principales: la Organización de la Naciones Unidas, laica, y la vertiente religiosa, con destaque a la Santa Sede por su fuerte representación en Brasil y España.
El contenido y las características institucionales de las acciones públicas, según Subirats , son el resultado de la interacción de los actores políticos, autoridades político-administrativas, con los grupos sociales que son la causa o que sufren los efectos negativos de un problema colectivo. Eso lleva a preguntar el porqué, por quién y para quién son elaboradas las políticas públicas referentes a la violencia contra la mujer.
Las políticas públicas del género son un largo camino que mantiene una continuidad, algunas veces más rápida y otras veces más lenta, pero sin perder el norte. Como escriben Godinho y Silveira:
Obviamente ainda há muito a se pensar, elaborar e debater sobre as políticas públicas de gênero. A introdução da perspectiva das mulheres como um sujeito e como categoria de gênero no âmbito das políticas públicas não tem sido um processo fácil. Há que se reconhecer que, em larga escala, as experiências ainda são incipientes. O que torna ainda mais necessário o debate e a avaliação crítica das experiências existentes no sentido de reforçar a construção de tais políticas.
En el caso de Brasil, el escenario político, desde 2003, tiene como atores gobernantes que representan el Partido dos Trabalhadores, un partido de izquierda “defensor del socialismo democrático” . Actualmente la presidente Dilma Rousseff, elegida la primera presidente mujer del Brasil, en 2010, ejerce su segundo mandato dando continuidad a esta línea de filosofía política.
La propia filosofía socialista del Partido dos Trabalhadores difiere del actual gobierno Español, representado por Rajoy, que tiene una línea de derecha. O sea, la mayoría de los electores españoles se decidieron, al elegir a Rajoy, por un gobierno más conservador que el de su antecesor Zapatero, y en Brasil la mayoría optó por la continuidad de un gobierno de izquierda, con diferentes expectativas que los españoles.
La expectativa generada por el Estado brasileño al tener a una mujer en la presidencia no puede pasar desapercibida. Los movimientos de mujeres, así como las mujeres brasileñas en general, esperaban, con un sentimiento de esperanza reforzado, que la batalla para consagrar la igualdad entre los hombres y las mujeres y contra la violencia de género retomaría su cauce en un marco histórico.
Ese gobierno, por ser de oposición y de izquierda, tendría una gran responsabilidad de poner en práctica las promesas electorales de fortalecer y garantizar los derechos y mejores condiciones de vida de las minorías y de los grupos más vulnerables, o sea, trabajar a favor de ellos. Se esperaba una ruptura de paradigmas y la modificación de método de trabajo en cuanto a las cuestiones de igualdad y de violencia de género (lo que también ocurrió en España cuando José Luis Rodríguez Zapatero asumió como la presidencia, en 2004). No obstante, las políticas públicas referentes a los derechos de mujeres en los años de 2013 a 2015, foco de esta tesis, específicamente aquellas que se refieren a la violencia contra las mujeres, son, muchas de ellas, la simple continuación de lo que había empezado el gobierno de Lula, antecesor de Dilma, que parece no poder contar con el interés de los gobernantes.
Lo que se observa hoy en el cuadro político brasileño es una ola de denuncias de negociaciones y corrupción que parecen encajarse en las palabras de Subirats : “en la práctica, (...) las organizaciones y sus representantes gozaban de hecho de una amplia autonomía y de suficiente margen de maniobra para tratar de influir en las políticas públicas en el sentido de sus propios intereses”. Si bien, el gobierno brasileño enfrenta críticas por estar en “una ola de conservadorismo”.
En ese contexto político fue elaborado el Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015, que enumera los principios que embazan las políticas públicas para mujeres. Se trata de los siguientes: autonomía de la mujeres en todas las dimensiones de la vida; busca de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos; respeto a la diversidad y combate a todas las formas de discriminación; carácter laico del Estado; universalidad de los servicios y beneficios ofertados por el Estado; participación activa de las mujeres en todas las políticas públicas; y la transversalidad como principio orientador .
Es importante destacar algunos de estos principios: la autonomía, también presente en la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 publicada por el gobierno español, que es esencial para que una situación de igualdad se instale de forma permanente; la búsqueda de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, que es el motor que impulsa el trabajo, tanto interno como o transnacional; el principio del estado laico, fundamental para entender la diferencia entre la situación de violencia de género en Brasil y España, puesto que en España no hay una correspondencia de la interferencia directa de las religiones y de las “bancadas” políticas religiosas, en el poder legislativo y executivo, como ocurre en Brasil.
La dependencia del gobierno brasileño de las “bancadas” del Parlamento, que representan diferentes intereses, oscilan, y con ella los Derechos Humanos que serán resguardados. Hoy, el principio del Estado laico, además de despertar dudas y contradicciones, no es una barrera segura que pueda distanciar las políticas públicas para las mujeres de la religión. Primero, lo que hay que observar es que los preceptos religiosos difieren en sus objetivos de las recomendaciones de las Naciones Unidas, trayendo discursos transnacionales distintos sobre los Derechos Humanos, sobre cuáles derechos deben ser consolidados y que políticas públicas deben ser elaboradas. Se pueden enumerar algunos ejemplos: el uso del anticonceptivo, que directamente influye en la libertad sexual; la prohibición del aborto, que además del tema de la libertad de elección es una cuestión de salud pública en cuanto a que representa riesgo para la vida y la dignidad humana cuando el embarazo es resultado de violación; la negativa de la aceptación del divorcio, que demanda el sacrificio de muchas mujeres que viven situaciones de maltrato, fomentando el miedo y la culpa de aquellas que rompen patrones de conducta religiosa, etc.
Esos son solamente algunos ejemplos cotidianos dentro de una red de pesos y contrapesos muy poderosa. Cuando la Iglesia Católica o la Evangélica retira el soporte de algún político por estar tramitando proyectos de ley o políticas públicas que son contrarios a sus preceptos religiosos, ocurre una retaliación en los votos y en el suporte a los gobernantes, generando, muchas veces, que los progresos que están a punto de ser concretados se estanquen o, incluso, resulten en un retroceso en los Derechos Humanos de las Mujeres que ya están internacionalmente reconocidos y consagrados.
En este punto existe una crucial y definitiva diferencia entre Brasil y España: el Estado español sigue las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en primer lugar, y Brasil entra en discusiones y negociaciones nebulosas con grupos religiosos que tienen una determinante influencia política y popular en el país. Como bien concluye Giumbelli, “estamos delante de algo cuyo sentido e implicaciones son un desafío para nuestra comprensión del cuadro global de las relaciones entre Estado, sociedad y religión en Brasil” .
Brasil como un Estado laico, constitucionalmente reconocido como tal, y que divulga esta característica en los diferentes Planos de Políticas Públicas, es un ideal que aún no ha logrado. Que Acuerdos entre Santa Sede y Brasil estén siendo firmados y que la Ley General de las Religiones esté en proceso de discusión en el Parlamento nacional lo dejan evidente que esta mescla es actual, retrógrada y peligrosa, desde una perspectiva del género.
El tema de la violencia de género continúa, para la esperanza de todas las mujeres brasileñas, como uno de los puntos de atención del gobierno, a pesar de sus tropiezos. El principal programa actual del gobierno del Brasil relacionado con este tipo de violencia fue elaborado en 2013, el “Mulher, Viver sem Violência”, y pone en pauta la integración y la ampliación de los servicios públicos destinados las mujeres en situación de violencia y la articulación de los atendimientos realizados.
Entre 2013 y 2014, 26 unidades de la federación (menos Pernambuco) se adhirieron al Programa, que tiene como principales ejes: la implementación de la Casa de la Mujer Brasileña; la ampliación da la Central del Atención a la Mujer – Llame al 180; la organización y humanización de la atención de las víctimas de la violencia sexual; las campañas continuadas de concientización; la implantación y manutención de los centros de atención para mujeres en las regiones de frontera seca y las unidades de atención para mujeres en el campo y en la selva, incluyendo las inmigrantes que viven en tales localidades. Comparativamente, España focaliza políticas públicas para las mujeres inmigrantes, para las que presentan alguna discapacidad, menores, adolescentes y jóvenes, las que viven en el ámbito rural y mayores de 65 anos.
Así como España, Brasil ha hecho una gran apuesta en el servicio telefónico de atención, siendo el primer instrumento que normalmente es utilizado en búsqueda de ayuda para salir de una situación de violencia de género.
Lo que sí es claro es que la programación, por más elaborada que sea, no es prioridad en el actual gobierno, donde muchos de estos objetivos no están ni cerca de concretarse.
España lleva, en la raíz de su trabajo de fomentación de la igualdad de género, la línea desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas, además de tener una sólida colaboración con la ONU Mujeres. También cuenta con el Sistema Europeo y con la Unión Europea que caminan en el mismo sentido. La diferencia con Brasil, en cuanto a esta referencia primaria y principal, se puede observar en muchos momentos: en la denominación, como utilizar violencia doméstica y no violencia de género; en la definición de los derechos, como el derecho del aborto; en la implementación de políticas públicas; y, esencialmente, en los resultados alcanzados, muy diferentes uno del otro.
En el escenario político español, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), oposición de Zapatero, es el Presidente, desde 2011. Rajoy, por un lado, dice que la desigualdad de género es “una injusticia, una inmoralidad y un lastre para el progreso de la Humanidad” y, por otro lado, el principal actor político de España recibe duras críticas en cuanto a sus posicionamientos referentes a derechos ya consagrados por Ley. El caso más destacado, tanto por la prensa como por la opinión pública, ha sido la tentativa de modificar la Ley del aborto.
A pesar de no aparecer entre los principios enumerados en la Estrategia, como en el Plano brasileño, el principio constitucional del Estado laico despierta desconfianza también en España, como recientemente publicado por el periódico La Vanguardia: “El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aseverado hoy que las relaciones de España con la Iglesia católica “son prioritarias”, tras lo que ha afirmado que no agredirá a ninguna religión “y mucho menos a la católica como parece que algunos pretenden hacer” .
Existe en España una expresiva presencia de la religión católica, inclusive a través de acuerdos, lo que acentúa la filosofía política más conservadora. A pesar de eso, los programas gubernamentales avanzan con más énfasis en la línea elaborada por las Naciones Unidas, diferentemente de lo que ocurre en Brasil, donde las religiones parecen interferir directamente en los asuntos del Estado.
Una de las críticas al gobierno de Rajoy se refiere a los recortes para la implementación y ampliación de políticas públicas para las mujeres, que, así como ocurre en Brasil, parece no tener la prioridad del gobierno.
Sin dudas, el recorte de presupuestos tiene un efecto cascada negativo en políticas públicas, que demandan inversión, tanto para la aplicación y efectividad como para el levantamiento de datos, a través de investigaciones, que direccionan los planos de actuación en lo que necesita más atención e inversión del Estado. Además, para que las políticas se concreten, es fundamental que la estructura humana, con profesionales capacitados, y física, con espacios e instrumentos, estén establecidas, y esto demanda recursos.
Incluso con los recortes, el Estado español, comparado con Brasil, dispone de mejores estructuras, tanto físicas como de profesionales capacitados. También, y en consecuencia de un mejor nivel económico general, existe un menor nivel de pobreza, lo que influye en los índices de violencia de género, considerando la mayor autonomía y la menor dependencia económica de las mujeres.
España tiene un trabajo más elaborado de políticas públicas contra la violencia del genero que Brasil, con una base más sólida de actuación, como se percibe en una primera lectura de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 , especialmente cuando son enumerados los principios que fundamentan las políticas públicas para mujeres. Tanto la estructura en que los principios son presentados como algunos contenidos son distintos de los principios del plano brasileño (que hacen referencia a muchos principios constitucionales y aparecen en menor número).
La Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 es el “instrumento vertebrador” para hacer frente a la violencia de género. En él están enumerados los principios, base de la pirámide en que se apoyan las políticas públicas contra la violencia de género. Los principios son divididos en tres tipos: valores inspiradores (respeto a la dignidad humana, buen trato igualdad y no discriminación); principios estratégicos de actuación (integralidad, multidisciplinaridad y globalidad, eficacia y eficiencia, mejora continua y participación); y principios de intervención (orientación a las mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas, autonomía, orientación a los profesionales, orientación ciudadana, proactividad y trabajo en red).
A pesar de los intentos de elaborar un documento que abarcase un gran número de principios y de políticas públicas, el gobierno no se quedó inmune a las críticas con la publicación de la Estrategia, principalmente de algunas comunidades autónomas que, según Pérez de la Ossa , criticaron la falta de participación en el proceso de elaboración, el coste económico para la implantación de las acciones, la ambigüedad, la falta de red de coordinación, la dificultad de implementación de las medidas relativas a las mujeres extranjeras y que, por falta de recursos, seria difícil hacer el análisis continuo o la transparencia de su implementación.
Otro importante trabajo realizado contra la violencia de género es el programa “Por una sociedad libre de violencia de género”. Son herramientas enumeradas en una plataforma electrónica (teléfono 016; servicio de atención y protección a las víctimas de violencia de género (ATENPRO); app “libres”; web de recursos; y dispositivos para el control telemático de medidas y penas de alejamiento), que pone a disposición información útil para la mujer en situación de violencia de género y su entorno, como detectarlo y qué hacer ante ello, indica dónde solicitar ayuda y protección y explica los dispositivos de control. Lamentablemente, Brasil no tiene ninguna herramienta o programa que utilice la tecnología a su favor, como lo hace España. Tal sistema en la práctica, resulta muy accesible, claro, fácil de encontrar y de ser utilizado.
Importa subrayar que, aún con los escándalos de corrupción en los gobiernos y la “crisis” que asola no solamente la economía pero también los Derechos Humanos de las Mujeres, a través de los recortes y con líneas más “tradicionales y conservadoras”, tanto en Brasil como en España, los programas continúan siendo elaborados, así como las políticas públicas destinadas para las mujeres en situación de violencia de género, a pesar de no tener la prioridad esperada.
Por fin, como apunta Pallarés , “es preciso una profunda reflexión que nos permita conocer, difundir y, sobre todo, prevenir las principales causas que provocan las distintas manifestaciones de la violencia de género”.
En este universo, en que están entrelazados valores, cultura, historia, religión, política, emociones, etc., es necesario pensar en el conjunto de factores que incuban posibilidades tanto para estancar la violencia que existe hoy como para desestimular actuaciones futuras. En otras palabras: “para ello es imprescindible fomentar los valores que contribuyen a evitar la violencia y descalificar aquellos otros que la propician” .
Si el sentimiento de miedo de las mujeres está en vía de extinción se espera que lo mismo no ocurra con la esperanza, después de largos años, muchas luchas y un incontable
